Sin lugar a duda la sanción de una ley para encuadrar a los encargados de vigilar el ingreso de los jóvenes en los boliches bailables, más conocidos popularmente como patovicas, es un ejemplo de que en la construcción jurídica en nuestro país se dan visiones diferentes de los funcionarios del Gobierno nacional, de los diputados y los senadores nacionales, sin olvidarse que al final debe pasar el filtro de la reglamentación a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Cada uno por su lado.

Cuatro estadíos institucionales que dan cuenta de un recorrido que no registra, o en última instancia poco y nada, los aportes de los impulsores de una norma o, en su defecto, la orientación dada de una Cámara, máxime cuando se pretende la sanción de una ley de carácter nacional, como es este caso puntual.

Además, queda demostrado nuevamente que no hay afinidad entre los que impulsan una norma. No hay un ámbito específico para consensuar un texto, lo que sería ideal para eludir las burocracias legislativas y avanzar rápidamente en la sanción de una ley.
Cada uno por su lado elabora una norma, la presenta en sociedad, obtiene dictamen en comisión con modificaciones, después en el recinto se le agregan retoques para conseguir mas votos, con lo cual obtiene media sanción.

En su periplo pasa a la otra Cámara, donde lógicamente es derivada a varias comisiones para elaboración del dictamen y después pasa al recinto para su votación, donde en más de una oportunidad recibe sugerencias en aras del purismo jurídico, con lo cual regresa silbando bajito a la Cámara de origen, en donde sus varones y mujeres tienen que decidir si aceptan o rechazan esas modificaciones.


Un laberinto de idas y vueltas, mientras el vacío jurídico persiste para beneficio de los destinatarios de la norma, como sucede con los llamados patovicas. El recorrido de esta iniciativa vale relatar, para acentuar lo afirmado.

Yo primero

Una de las acciones típicas del actual Gobierno es el papel que desempeña el ministro del Interior, Aníbal Fernández, a la hora de presentar proyectos de leyes, a ritmo de los hechos con repercusión mediática, particularmente televisiva o tapa de los diarios, más allá de lo que suceda después en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

En esta oportunidad, tras la muerte del joven Martín Castelluci, por los golpes recibidos por el personal de seguridad del boliche “La Casona” de Lanús, provincia de Buenos Aires, convocó a una conferencia de prensa el 11 de diciembre pasado para anunciar que en la Cámara de Diputados trataría, al día siguiente, un proyecto de ley vinculado a los patovicas.

Para demostrar que no era un reflejo por la trascendencia de la muerte de Castelluci, que incluyó más de una marcha frente el local, Fernández dijo que “hace seis o siete meses comenzamos un proceso de elaboración de un proyecto, el cual tenía que pasar por un montón de áreas del Gobierno antes de su elevación”...

Precisó que un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, presidido por el diputado del FpV Héctor Recalde, y de Legislación General, a cargo de la también miembro de la bancada del oficialismo, la cordobesa Ana María Monayar, el proyecto tendría dictamen favorable.

Fiel a su estilo verborrágico, Fernández avanzó en otras consideraciones. “Hay que adaptarse a las reglas de juego, hay demasiadas cosas que se tienen que conocer para administrar esa situación”, al tiempo que agregaba que la problemática de los patovicas “es un tema que lo viene siguiendo desde hace mucho tiempo”.

Para rematar enfatizando que “de hecho hay un conjunto de muchachos jóvenes que está trabajando y yo les voy a dar una mano para la personería, porque en definitiva no tiene un encuadramiento ni de gastronómico ni de personal de seguridad, sino que es diferente y tiene que abocarse a este tipo de tarea”.

Ahora nosotros

Integrantes de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Legislación General precisaron, ante la consulta de Parlamentario, que no fue sencillo acordar un dictamen único, que demandó más de un esfuerzo con el fin de que sea tratada en el recinto.

Llegó la fecha indicada y el proyecto fue incluido en el temario en la reunión de Labor Parlamentaria. Claro que nadie imaginaba que la sesión se quedaría sin quórum, al apurar el oficialismo la sanción del nuevo encuadre para AySA, en lo que constituyó la primera derrota del FpV en el recinto, y la ley sobre el peligroso andar de los patovicas quedó como una deuda pendiente para este año.

En efecto, la misma se abordó en las sesiones extraordinarias de febrero y con la presencia de 164 legisladores sentados en sus bancas obtuvo el visto bueno de 160 de ellos y, por ende, su pase al Senado.

Pero en el debate en el recinto, Héctor Recalde dijo, entre otros conceptos, que “hemos debatido intensa y profundamente el tema y diría que hasta en estos últimos momentos hemos tratado de consensuar opiniones con todas las señoras y los señores diputados que componen este Cámara”, además de remarcar la importancia de sancionar esta ley.

Por su lado, el radical Alejandro Nieva afirmó “nos parece adecuado contar con un orden normativo federal que establezca los parámetros generales, a partir de los cuales se fije algún orden en una tarea muy sensible vinculada con la seguridad y que se preste en lugares de concurrencia masiva”. En otro tramo de su discurso hizo hincapié en las facetas jurídicas.

En tanto, la arista Delia Bisutti recalcó que “en diciembre se consideró en dos comisiones con bastante apuro, aunque con mucha responsabilidad. Nos parece que hubiésemos necesitado mucho más tiempo para acordar una serie de cuestiones y de artículos”, para después detallar sus observaciones a la redacción final del texto.

También se refirieron a la importancia de la ley el justicialista Jorge Landau, quien destacó “muy significativo el aporte y el trabajo fecundo realizado por las comisiones que fueron coordinadas por el señor diputado Recalde”.

Puntos de vista

Arribado el texto al Senado, fue derivado al estudio de cuatro comisiones, siendo cabecera la de Seguridad Interior y Narcotráfico que preside la justicialista salteña Sonia Escudero. Sin embargo, allí se tuvo una visión diferente por entender que tiene falencias jurídicas. Más que obvio es inferir que dejan atrás “el aporte y trabajo fecundo realizado por las comisiones”, como lo realzó el diputado Landau.

Tras sendas audiencias públicas para recoger el pensamiento de los sectores involucrados en la temática, entre ellos el padre de Martín, Oscar Castelluci, las autoridades de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; Educación Cultura, Ciencia y Tecnología y Justicia y Asuntos Penales, más la de Seguridad Interior y Narcotráfico, resolvieron avanzar en el dictamen definitivo, pero introduciéndoles modificaciones al texto sancionado en Diputados.

Escudero precisó que “se cambió el perfil del proyecto puesto que abordaba la problemática como una cuestión de seguridad, que es materia provincial no delegada al Gobierno nacional”, y adelantó que se “eliminaron del proyecto algunos aspectos que incluían el texto aprobado en Diputados relativo a sanciones y habilitaciones de los locales que son competencia municipal y no materia a ser requerida por este Congreso”.

Por otra parte, la senadora afirmó que “no se habla de derecho de admisión, sino de control de ingreso y/o permanencia”.

Además, que se convierte en una reglamentación “de la actividad de los encargados de seguridad, denominados patovicas, donde se especifican las obligaciones del empleador y del trabajador, quienes deberán desarrollar sus tareas sin armas de ningún tipo”.

Por último, adelantó que “se incorporó la doble indemnización para los trabajadores en caso de que éstos fueren despedidos por incumplir una orden que implique adoptar una actitud discriminatoria”.

Discrepancias

Castellucci, durante la última reunión, manifestó su disidencia con el cambio de enfoque del problema e insistió en la necesidad de reglamentar el derecho de admisión, entendiendo que de esa manera se evitarán los excesos en el control del ingreso y permanencia de los jóvenes en locales bailables”.

Escudero, en cambio, justificó las modificaciones al sostener que “si lo encaramos desde la seguridad estaríamos sancionando una ley modelo, sin aplicación práctica hasta tanto no adhieran las provincias que tienen el poder de policía. Nos pareció más importante avanzar en una reglamentación de la actividad de los patovicas, de carácter obligatorio en todas las jurisdicciones provinciales”.

Los presentes, entre ellos legisladores y representantes del INADI, la Subsecretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Sindicato Unico de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina, de la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimientos, coincidieron en términos generales en la necesidad de que los patovicas reciban instrucción sobre los derechos humanos, sobre mediación para disolución de conflictos y derechos de niñas y adolescentes, entre otros. Por sus características, se aclaró que se trata de una formación no terciaria sino profesional.

Dilema

Esta es la historia y el panorama del proyecto para dar un marco jurídico a quienes se dedican al control de los boliches bailables. Con las modificaciones a introducir por los senadores, las que tienen que ser convalidadas en el recinto por el pleno del cuerpo generan una colisión parlamentaria entre el Senado y Diputados, que obligará en particular a los integrantes de la Cámara baja, sobre todo al bloque del FpV. O aceptar esas modificaciones o, en su defecto, insistir con la sanción de su norma en la versión original.

Pero la cuestión no pasa por ahí. No es una cuestión numérica, sino de decisión política. ¿Qué harán?

Luis A. Soria