Por Julio El Ali

Las 56.659 respuestas encontradas en Internet, 17 años sin un marco normativo, tres en el ranking de denuncias en la Defensoría del Consumidor, un boom de la década del 90 y cinco bloques en disidencia. Todos estos conceptos tienen un denominador común: “tiempo compartido”.

La posibilidad de poseer una residencia temporaria en algún lugar turístico es el sueño de muchos, pero se transformó para unos cuantos en una pesadilla al adquirir un tiempo compartido.

Esta modalidad de “venta” de un inmueble tuvo su auge en la década pasada. Luego de muchísimas denuncias de compradores estafados y descontentos con el sistema, se pensó en regular la actividad. Sin embargo, la ley espera su sanción hace 17 años.

En Diputados estaba todo listo para aprobar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo y que tiene sanción del Senado. Pero varios legisladores de diferentes bloques se opusieron a su aprobación y la iniciativa volvió a la Comisión de Turismo y de Legislación General, donde se tratará en un plenario el próximo 23 de mayo.

Largo tiempo

Como si 17 años no fueran nada, todavía se sigue discutiendo sobre la letra chica de este marco regulatorio. Los intereses cruzados llevaron a frenar este proyecto. La oposición acusa que esta iniciativa no resuelve los problemas centrales. Asimismo, el diputado arista Leonardo Gorbacz acusó al oficialismo de hacer lobby para los sectores privados de turismo.

En este sentido, Gorbacz explicó su negativa porque dicho proyecto “no resuelve las principales cuestiones, como los contratos con fechas anteriores a la de su efectiva realización con el objeto de que venciera automáticamente el plazo que establece la ley de defensa del consumidor para poder arrepentirse, los problemas de jurisdicción para litigar, ya que el contrato se celebra en un lugar pero recae sobre un bien que se encuentra en otro sitio, muchas veces fuera del país y, fundamentalmente, el problema que se ha planteado es la imposibilidad de rescisión una vez transcurrido el plazo inicial”. Agregó que “no poder rescindir ata a los consumidores a un contrato de por vida, que implica además de los costos de compra del tiempo compartido los costos de mantenimiento a través del pago de expensas por la unidad adquirida. Entonces, el factor que fue motivo principal de quejas y de problemas de este sistema no está resuelto”.

Con respecto a las expensas, el legislador expresó que “tampoco está claro en este proyecto si el usuario puede revocar al administrador, ya que se plantea que esto lo decide el propio emprendedor. Es decir, el comprador queda atado al pago de expensas y no puede decidir sobre el monto de las mismas. Francamente es un callejón sin salida que tal vez agrava la situación que se venía planteando con anterioridad”.

Las demandas por estafas a un vendedor también generan polémicas porque, según la interpretación de Gorbacz, esta iniciativa “hace responsable al vendedor en forma limitada, porque si un vendedor estafa solamente tiene que responder por la comisión que a él le tocó. De modo que si un vendedor está ofreciendo un tiempo compartido sobre un departamento, y resulta que todo es un engaño, se le puede hacer una demanda en la que él solamente va a responder por la comisión que le tocó ganar. En este aspecto es un retroceso respecto de otras leyes en vigencia”.

Otro de los puntos criticados por el ARI está vinculado al plazo de devolución de la reserva. El legislador consideró que “si uno hace la reserva, se arrepiente dentro de los siete días, tiene que esperar 30 días para que le devuelvan el dinero. Entonces, se pregunta “por qué 30 días si uno hace una reserva que está sujeta a un plazo de una semana de confirmación”. “Esto suena a que esos 30 días es un plazo necesario para hacer trabajar el dinero y creo que esto no corresponde en lo más mínimo”, aseveró. Además, plantea que siete días para arrepentirse “es un plazo exiguo y habría que ampliarlo”.

Por otra parte, el PRO, la UCR y el Justicialismo Nacional indicaron que si bien coinciden en términos generales con el propósito del proyecto y con la regulación que en él se establece en materia de sistemas turísticos de tiempo compartido, “el problema está en que la única autoridad de aplicación es la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación. Esto viola las autonomías provinciales, dado que son las provincias las que ejercen el poder de policía y, además, las que aplican las normas que no revisten el carácter de leyes federales”.

La legisladora aliada del kirchnerismo Graciela Camaño fue quien planteó la vuelta a comisión del proyecto, advirtiendo que “contiene gruesos errores, como que la aplicación queda en manos de la Secretaría de Turismo, que si bien puede tener algún tipo de injerencia, convengamos que no es el órgano idóneo para la defensa de los consumidores”. Por otra parte, la legisladora de Peronismo Federal destacó que en algunos artículos hay disparidad de criterios, sobre todo en lo que respecta al tiempo.

También, el texto establece la inhabilitación temporaria y de 10 días de revocación de la habilitación ante cualquier irregularidad del servicio y, a su vez, garantiza a los usuarios el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraídas y de los servicios ya contratados, pero no se especifica de qué manera se va a garantizar, si se va a hacer un fondo fiduciario o si el Estado va a tener que afrontar estos contratos que no son pagados. Esto sumó un problema más.

¿Fin de la discusión?

La palabra oficial recayó en la presidenta de la Comisión de Legislación General, diputada Ana María Monayar, y el titular de la Comisión de Turismo, Roddy Ingram. Monayar aclaró que en las comisiones consideraron el proyecto en revisión teniendo a la vista las iniciativas que, respectivamente, presentaran los diputados Gustavo Ferri y Stella Maris Córdoba. Sin embargo, Ferri señaló que su iniciativa dista bastante del texto propiciado por el oficialismo.

En referencia a las críticas, la diputada acusó que los miembros de la Comisión de Legislación General que expresaron algunas disidencias realmente no lo hicieron en el ámbito de esa comisión. “Tal vez ello obedezca a que no estuvieron presentes, no trataron el tema o no tuvieron tiempo de hacerlo, y entonces plantean la cuestión ahora en el recinto”, reflexionó Monayar.

Ingram le apuntó a Gorbacz porque nuevamente repitió, en forma velada, la idea de que habría algún acuerdo con empresarios, y afirman que “ya le explicamos, en la reunión de comisión, que ni siquiera conocíamos a los personajes que él mencionaba”.

La pulseada en el recinto fue perdida por el oficialismo pero, sin embargo, el debate parece estar cerrado. A pesar de que el 23 de mayo se debatirá en una reunión conjunta de ambas comisiones todos los puntos disidentes, Ingram aseguró que el proyecto será aprobado de la misma manera en que ahora está redactado, porque los asesores de todos los bloques, que han trabajado muchísimo, estuvieron de acuerdo con la iniciativa, salvo el asesor del diputado Gorbacz.

Los diputados compartirán alguna reunión más, pero el tiempo para los cambios parece estar cerrado por la voluntad propia del oficialismo.