Hablar con Rubén García es hablar con un hombre firme en sus ideales. Al punto tal que no vacila, continuamente, en afirmar que “en Avellaneda debe darse también la renovación de autoridades que permitan a este distrito crecer como lo han hecho otros”. Con algún grado de resignación agrega “estamos asistiendo a la puesta en marcha e inauguración de obras pagadas por la Nación porque el presidente Néstor Kirchner, que conduce el mayor intento de liberación nacional de Argentina, sabe que aquí son necesarias para el pueblo, lamentablemente hay quienes aprovechan para sacarse fotos a su lado y luego las muestran como un apoyo del presidente a su figura y eso no es verdad”.

Rubén García es, además de diputado provincial del FpV, el flamante secretario General de la Confederación de Trabajadores Municipales, que agrupa a los representantes de más de 20 provincias y a la que llegó como integrante de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (FeSiMuBo), donde es secretario adjunto, y del Sindicato Municipal de Avellaneda que encabeza.

Tanta representatividad ha sido quizás el motor que lo impulsa a crecer en propuestas y ser firme en sus convicciones respecto de los derechos de los trabajadores en general y de los municipales en particular.

Como tal, entonces, el diputado García, casi al mismo tiempo que su ingreso en el recinto por primera vez, presentó una serie de proyectos que describe como “un combo”, una especie de cajita feliz de los trabajadores municipales que entraron en una emergencia, en la década del 90, para nunca más abandonarla, a un precio “bastante elevado”, pérdidas de derechos que se consideran adquiridos.

Ese “combo” está compuesto básicamente por tres proyectos de ley: uno que “deroga la emergencia establecida por la ley 11.757, otro que pretende establecer una paritaria municipal en dos instancias, una provincial y otra distrital; y, por último, uno que busca restablecer la antigüedad del 3 % de base para los empleados de esas reparticiones tal como lo tienen los empleados estatales provinciales.

Pero, primero lo primero. El diputado del FpV informa que la derogación de la ley 11.757 “se impone, porque inconstitucional y desde que existe todos los trabajadores municipales estamos en disponibilidad relativa y absoluta, lo que quiere decir que cualquier intendente, con el solo pretexto de las malas administraciones, declara la emergencia municipal y puede echar a cualquier trabajador fijando una indemnización que él considere que puede pagar”.

“Con esta metodología -recuerda el sindicalista y legislador- en el 2003 se despidieron a más de 1.800 trabajadores en Lomas de Zamora, 1.700 en Quilmes, en Avellaneda se quiso hacer lo mismo con 700 y logramos recuperar, con movilizaciones, varios puestos”.

La derogación de la ley 11.757 “ya pasó por la Comisión de Trabajo y se aprobó por unanimidad, ahora está parada en la Comisión de Asuntos Municipales -que preside el frentista Ricardo Montesanti- donde hay consenso para emitir despacho pero, evidentemente, hay una decisión política que demora el trámite”.

“Decisión política” y “presión política” son las dos expresiones que utiliza García para tratar de dar una respuesta concreta, pero no lo logra y aporta una explicación: “La derogación de la 11.757 está directamente relacionada con la sanción de una ley de paritaria municipal, porque tenemos que crear un ámbito de discusión entre los trabajadores y la Provincia y también entre los trabajadores y los intendentes; se debe definir un estatuto base a nivel provincial y luego se deberán buscar las variables específicas que correspondan a las realidades de cada uno de los municipios, y esto también se está discutiendo con distintos actores”.

“Estuve reunido con el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales -confiesa García-, pero me dijo que bueno… que había presión política, me gustaría que dijera cuáles son esas presiones, porque no hay argumento político entre los diputados para oponerse, aprobamos las paritarias de los estatales provinciales, la de los docentes, ya se está discutiendo la de los judiciales, por qué los municipales no, cuál es el poder que se esconde detrás de todo esto que impide que los municipales no podamos discutir condiciones de trabajo y salario”.

Al ser consultado sobre la posible oposición de los propios intendentes municipales a modificaciones en la legislación, García elige palabras y cree que no son “todos los intendentes, no generalicemos… por caso hay legisladores que eran intendentes, cuando esta ley se sancionó, que no adhirieron a la emergencia, es el caso de Jaime Linares -ex intendente de Bahía Blanca- y también de Gerardo Rattero, ex intendente de Torquinst”.
No obstante, el diputado provincial reconoce en otros intendentes ciertas contradicciones: “Para algunas cosas quieren autonomía, pero para establecer la relación con sus empleados apelan a una ley provincial”. Señala que “esto se contrapone con lo que está impulsando el presidente Kirchner, que propone un modelo de país distinto, y hay muchos que hoy adhieren a las políticas del Presidente que no quieren las paritarias y el Presidente, siempre dice, que el elemento del reparto justo de la riqueza son, precisamente, las paritarias”.

García aclara que “la autonomía municipal se violó cuando se empezó a aplicar la emergencia, no ahora que la queremos derogar”, y agrega que “esto fue una decisión política negociada con el máximo exponente de la traición a los trabajadores municipales, que fue Alfredo Atanasof, y fue a partir de allí que no podemos, ni siquiera ahora, en este nuevo país, sentarnos a discutir con nuestros empleadores”.

“A los empleados municipales nos dan aumento de salario cuando el intendente dice que le sobra y en esta situación nos encontramos con trabajadores que tienen básicos de 250 pesos congelados desde hace 12 años”, grafica García.

Esta realidad legislativa ha dado “un fruto degenerado”, ya que unos 30 proyectos circulan en ambas Cámara de la Legislatura bonaerense que pretenden morigerar el impacto de la 11.757. “Parches” según el legislador de Avellaneda, “nosotros no queremos parches, queremos la derogación lisa y llana de la 11.757”, afirma.

Pero los avances no aparecen. Desde hace ocho meses la FeSiMuBo espera ser convocada por los intendentes bonaerenses. “Creo que hemos esperado un tiempo más que suficiente, a fin de mes tomaremos medidas para alentar la sanción de estas leyes”, adelantó el diputado Rubén García.

El caso Gadea

Otra cuestión a la que el diputado Rubén García le presta especial dedicación es a “erradicar la violencia de las relaciones entre el poder político y los asalariados”.

Recuerda que “por ser pacíficos nos mandaron a matar trabajadores desde el interior del Palacio Municipal de Avellaneda; casi como lo que pasó en Neuquén -compara- pero allí lamentablemente murió un docente. Nosotros tuvimos la suerte de que las balas asesinas, disparadas por los matones del intendente Baldomero Alvarez de Olivera sólo hirieron al compañero Miguel Angel Gadea y a otro, pero no vamos a dejar de denunciar este hecho porque creemos que en cualquier momento vuelven a actuar los delincuentes que hoy están en libertad”.

El caso que recuerda el diputado provincial pasó por las páginas de los diarios y las pantallas de TV y guardan directa relación con los hechos sucedidos durante la jornada del 2 de noviembre de 2005, donde los trabajadores municipales, que reclamaban un aumento salarial, fueron baleados por personas “surgidas del interior del municipio, lugar donde se encontraban, según se comprobó luego, para reprimir el reclamo de los trabajadores”, explicó el legislador.

Cuando se intenta saber los motivos de la libertad de los presuntos autores de los disparos, García asegura que “se produce porque, contrariando la determinación del juez que actuó en primera instancia, se buscó llegar a una feria judicial donde se apeló ante una Cámara de Quilmes, sacándolo de su fuero natural para lograr el cambio de carátula y disponer que los atacantes estuvieran libres. Ahora no sé de qué se van a disfrazar estos señores jueces, porque ellos, los atacantes, se declararon culpables para evitar el juicio oral y no tener que declarar contra sus mandantes”.

En reciente conferencia de prensa se expusieron las presentaciones realizadas en la Justicia Penal de Lomas de Zamora, en relación con el caso en cuestión, correspondiéndole la responsabilidad de la investigación a las UFI 17 y 8. Una de las denuncias que se efectuaron fue contra el propio intendente de este importante distrito del sur del Gran Buenos Aires, Baldomero Alvarez de Olivera, el secretario General del municipio, Hugo Daniel Lamármora, y el responsable del Area de Recursos Humanos de la comuna, Fabián Monzón; por los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en concurso con malversación de caudales públicos”. En la otra, promovida por el agente municipal Miguel Angel Gadea, se acusa de participación criminal, de acuerdo con lo tipificado en el Título VII, artículo 45 y concordantes del Código Penal, a los ya referidos funcionarios, agregándose como denunciado al doctor Ricardo Gustavo Cousirat, director General de la Secretaría de Gobierno del mismo Municipio.

Allí se señaló y García repite “como graves irregularidades, la liberación de los agresores por parte de un funcionario municipal, tal como lo declaran en la causa dos policías que tenían esposados y bajo custodia a los agresores; el pago de haberes a uno de ellos pese a estar en la cárcel y cuando se había asegurado que nada tenían que ver con la comuna; el cambio de carátula y la posterior admisión de su culpa por parte de los acusados, tratando de evitar el juicio oral que pondría en evidencia a los autores intelectuales de la brutal agresión”.

La pregunta aparece como obvia. García responde con seriedad, no quiere dejar dudas: ¿no hay una finalidad política detrás de esta exposición? “Eso dijeron, dicen y dirán, pero vayan a preguntarle al compañero Gadea, que todavía tiene una bala en su cuerpo, si esto es así. Nosotros lo que queremos es que la gente sepa quién es… -hace una pausa y lentamente empieza a pronunciar sus últimas palabras- el verdadero responsable de estos hechos: el intendente de Avellaneda”.