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Cristina Fernández de Kirchner
llegó al Senado con la primer camada que amplió el
Cuerpo. La Legislatura de su provincia la había
elegido para ese cargo dos meses antes, para
reemplazar a Pedro Molina, quien hasta entonces
había sido presidente de la bancada justicialista.
Junto a ella, que fue votada por 19 de los 22
legisladores presentes, llegó el radical Juan
Ignacio Melgarejo, nominado por la minoría con
apenas cinco votos.
(...) El enfrentamiento con Menem no fue de entrada
una guerra declarada. Cristina respetaba por
entonces la investidura del riojano más famoso,
limitándose a plantear sus diferencias en temas
puntuales como por ejemplo el indulto de los
carapintadas y los miembros del MTP con el que se
especulaba a fines del 95. “Le pediría al Presidente
que si tiene in mente esta decisión, por favor
recapacite y no la tome, porque creo que no se puede
dar mensajes y señales tan confusas al conjunto de
la sociedad -diría entonces-. No puede ser que un
ciudadano común, cuando infringe la ley, sea
castigado con toda dureza, y quienes han hecho de
esto prácticamente un deporte, caminen por las
calles sin problemas”.
Paso por paso, a los que primero les marcó la cancha
Cristina fue a sus futuros compañeros de bancada.
“Acá todos somos representantes de las provincias y
no pasa por apoyar o combatir las decisiones del
Ejecutivo; pasa por discutir y analizar lo que le
conviene al conjunto del país, y en especial a las
provincias. Obviamente entonces que en aquellas
cuestiones que estén en contradicción con los
intereses de la región, voy a optar por una postura
provincial”, advertía, poniendo como ejemplo
reciente la experiencia de la reforma constituyente.
(...) No llevaba cinco meses en el cargo cuando
Cristina se convirtió en la excepción de su bloque
al votar en contra del proyecto de prórroga del
Pacto Fiscal II, que extendía su vigencia hasta
fines de 1996. La prórroga del Pacto le permitía a
Economía disponer de un piso de coparticipación de
740 millones de pesos mensuales a distribuir entre
las provincias, las cuales no recibían fondos desde
hacía cinco meses. Un retraso que incidió
directamente en la decisión de varios senadores
radicales que terminaron sumándose insólitamente al
oficialismo para lograr que se aprobara la norma.
La rotura de lanzas con sus pares tendría lugar por
esos mismos días, aunque no por su oposición a la
prórroga del Pacto Fiscal. Acababa de estallar el
escándalo por la venta de armas argentinas a
Ecuador, país que libraba con Perú lo que se conoció
como la Guerra del Cóndor, y un conflicto en el que
Argentina ocupaba el rol de garante de la paz.
(...) Con la intención de que ella misma se apartara
de la bancada, según confiaron fuentes del propio
oficialismo, la mesa directiva del bloque resolvió
expulsarla de las comisiones de las que formaba
parte.
La medida fue sorpresiva y la involucrada se enteró
al cabo de una reunión de comisión celebrada el 7 de
mayo de 1997 en la que nadie le avisó de nada,
cuando llegó un memo al despacho en el que le
indicaban que había quedado fuera de todas las
comisiones que integraba: Relaciones Exteriores y
Culto; Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios;
Educación; Familia y Minoridad; Economías
Regionales; Coparticipación Federal de Impuestos;
Asuntos Administrativos y Municipales, y hasta de la
Bicameral de Esclarecimiento del Atentado a la
Embajada de Israel y la AMIA. La nota estaba firmada
por el jefe de los senadores justicialistas, Augusto
Alasino, y el secretario general del bloque, Angel
Pardo. Allí se indicaba además quienes serían los
senadores que la sustituirían en esos grupos de
trabajo.
El senador entrerriano Héctor Maya se encargó ante
la prensa de justificar los motivos que llevaron al
bloque a tomar la inédita medida: “Nosotros venimos
registrando una serie de cuestiones donde la
senadora Kirchner se maneja con excesiva
individualidad, lo cual es respetable, pero no es
muy común dentro del peronismo... En un bloque hay
que debatir, pero para mantener la unidad de un
cuerpo es necesario que nos sometamos a distintas
reglas”.
(...) Con la guerra ya abiertamente declarada para
1998, los Kirchner ampliaban su abanico de enemigos
en el gobierno. Cristina ya era diputada nacional y
disparaba contra el canciller Guido Di Tella ya no
por el tema Hielos, sino por Malvinas, considerando
un fracaso su política de seducción de los kelpers.
“El terminó seducido por los intereses de los
usurpadores de las Malvinas”, advirtió la ahora
diputada.
Una semana después de que saliera con los tacos de
punta a embestir contra Di Tella, volvería a
estallar, al trascender los detalles de una nueva
elaboración de la poligonal surgida de negociaciones
secretas auspiciadas por la Cancillería y con la
participación de legisladores justicialistas y de la
Alianza. Se trataba de una nueva poligonal, distinta
a la acordada el 2 de agosto del 91 entre los
presidentes Menem y Aylwin, establecida a partir del
trabajo de una comisión de técnicos conducida por el
ingeniero Bruno Ferrari Bono, un ex funcionario del
gobierno de Alfonsín, miembro titular de la Academia
Nacional de Geografía, por el lado argentino, y
María Teresa Infante Cafi, titular de la Comisión de
Límites y Fronteras de la Cancillería chilena.
(...) - Lo peligroso fue que Cristina se enamoró de
su rol de opositora y no había forma de hacerle
entender que este tratado era digno para el país,
razonable y, además, contribuía a resolver el
problema y no agrandarlo como la poligonal de Olima.
Así, se quedó sola votando en contra en la Cámara de
Diputados -recuerda un legislador del PJ de esos
tiempos.
Con esa media sanción, todavía faltaría medio año
para que el tratado se convirtiera en ley en el
Senado, donde los únicos votos en contra fueron los
de los kirchneristas Daniel Varizat y Eduardo Arnold.
A la distancia, allegados a los Kirchner admiten que
el cometido emprendido en la cuestión Hielos se
cumplió en gran medida, más allá de los reparos
expresados por lo aprobado. La poligonal era
absolutamente rechazada y esa fue la campaña que
llevó a Cristina a recorrer el país y, por qué no
admitirlo, a que el país se familiarizara con ese
apellido.
(...) El informe de Cristina de 1997 hizo en sus
consideraciones finales todo un manifiesto político,
al señalar que ambos atentados “se produjeron en un
marco histórico-institucional absolutamente
favorable a la impunidad” y que “la prolongada
sucesión de interrupciones y quiebres
institucionales durante décadas y la consiguiente
instalación de la doctrina de seguridad nacional que
vertebró y estructuró la organización y
funcionalidad de los organismos de seguridad e
inteligencia de nuestro país, no es una cuestión
menor (...) El advenimiento de la democracia en 1983
se caracterizó en esta materia por marchas y
contramarchas que neutralizaron la voluntad de
cambio al no poder traducirse la misma en la
depuración de dichos organismos. En este sentido,
decisiones políticas tales como la obediencia debida
y el punto final -para las que se esgrimieron
razones de Estado- no sólo han contribuido a
profundizar la cultura de la impunidad, sino que han
obstaculizado objetivamente la depuración de los
organismos de seguridad e inteligencia de aquellos
elementos que operaron en forma paralela,
clandestina e ilegal al sistema. Los decretos de
indulto constituyeron el acto final”.
Con ese escenario previo y esos organismos de
seguridad e inteligencia, señaló Cristina en su
dictamen, sobrevinieron los atentados.
Sobre el papel de la Justicia, reconoció la labor
desarrollada por el juez federal Juan José Galeano y
los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, pese a
los obstáculos. Sugirió además otorgarle al juez y a
la fiscalía “la más absoluta disponibilidad de los
recursos humanos y materiales que se requieren para
afrontar la investigación”.
(...) Poner a Carrió y Kirchner juntas en una misma
comisión terminó haciendo confrontar juntas a dos
prima donnas. No había lugar para dos personalidades
tan fuertes en un mismo espacio, donde ninguna de
las dos estaría dispuesta a disciplinarse a la otra.
Amén de lo que sostienen los allegados a la
santacruceña.
En realidad, la idea de motorizar la creación de una
comisión de diputados que investigara un tema donde
convergían la corrupción, la evasión y las causas de
la grave crisis económica que vivía el país venía
siendo reclamada por Cristina Fernández y otros
legisladores justicialistas. Ella, junto a Eduardo
Di Cola, Arturo Lafalla y Carlos Soria habían pedido
en marzo de 2001 la constitución de una comisión
especial investigadora, cuyo objetivo sería
“deslindar y atribuir responsabilidades” en las
maniobras de lavado de dinero a las que se
vinculaban diversos bancos y financieras argentinos.
Los legisladores justicialistas proponían como tarea
“una investigación y determinación de la masa de
dinero mal habido o de dudoso origen, ingresado al
circuito financiero legal por el sistema bancario
argentino, especialmente a través de dos bancos:
Citibank, Federal Bank, Mercado Abierto, Banco
República, Banco Macro y de los que surjan de la
investigación”, señalaron a través de un proyecto
cuando ya se tenía conocimiento de las
investigaciones desarrolladas en el Senado
estadounidense sobre el lavado de dinero en la
Argentina. De hecho, la Cámara de Diputados ya había
aprobado un proyecto del cordobés Di Cola pidiendo
que el Senado norteamericano remitiera esa
documentación a la Argentina.
(...) Arturo Lafalla, Eduardo Di Cola y Cristina
Kirchner eran de los primeros justicialistas en
presionar por la constitución de esa comisión, y
peleaban por el puesto restante. El mendocino
Lafalla quedó fuera por temor a que en la
investigación surgieran datos sobre la privatización
del Banco de Mendoza, realizada durante su gestión
como gobernador; el cordobés Di Cola tenía
prácticamente asegurado el lugar hasta que Néstor
Kirchner llamó directamente al gobernador José
Manuel de la Sota para pedirle que le dejara el
lugar a su esposa, a lo que el cordobés accedió, en
aras del buen entendimiento que por entonces buscaba
para mantener el respaldo de los gobernadores para
su objetivo presidencialista.
(...) Las chicanas entre ambas estaban a la orden
del día. Cuando algunos legisladores se ilusionaron
con hallar -además de casos de lavado de dinero-
elementos que comprobaran evasión fiscal,
inspectores e la AFIP advirtieron que existía un
impedimento por el bloqueo fiscal que establecía la
“ley tapón”.
- ¿Qué es la ley tapón? -preguntó Elisa Carrió.
- ¿No te acordás? Si vos la votaste... -la toreó
Cristina.
(...) La tolerancia no es una virtud que se le pueda
asignar a Cristina Fernández. A la hora de enumerar
sus cualidades, los cristinos sostienen que ella es
un cuadro político -caracterización que más les
agrada a ella y su esposo- de innegable capacidad y
con una trayectoria absolutamente limpia y
reconocida, que avala su volumen político. Sus
críticos, que se cuentan por decenas -aunque con el
acceso del kirchnerismo al poder muchos hayan mutado
o morigerado sus comentarios-, expresan que la
irascible platense es una pésima negociadora,
incapaz de apagar el rencor cuando se ha encendido.
(...) En el ejercicio del poder, debieron echar mano
a la indulgencia, porque de lo contrario no hubieran
alcanzado los cuadros propios para gobernar. Miguel
Angel Pichetto se convirtió en un elogiado soldado
kirchnerista al tomar sobre sí la responsabilidad de
conducir el bloque del Senado, donde debió manejarse
auscultado permanentemente por la propia Cristina,
quien nunca se llevó mal con él, pero bien sabía de
su pasado menemista.
“Hagamos de cuenta que eso nunca existió”, dicen que
le dijo Cristina a la hora de absolverlo.
No es buena negociadora, es verdad. En rigor, jamás
consideró que esa fuera una función que le
correspondiera. Desde sus tiempos de legisladora
provincial, siempre se manejó con objetivos bien
concreto que tenían la generación de poder como fin
primordial, y en ese marco no tenía necesidad de
hacer concesiones ni entrar en componendas. Su
esposo siempre contó con ella como mascarón de proa
para embestir contra sus enemigos, guardándose para
sí mismo la función contemporizadora.
(...) Con Eduardo Menem la disputa era diferente y
hasta existía cierto respeto de parte de ambos, a
pesar del nivel de la confrontación alcanzado en
numerosas ocasiones. “Cristina lo diferenciaba a él
del resto de los senadores con los que se peleaba, a
los que consideraba una banda organizada en
beneficio propio. Ella le tiene en cambio a Eduardo
cierto respeto, porque lo considera un tipo
legislativamente bien considerado y no un runfla que
usó la banca para enriquecerse”, detalla el vocero
de la senadora.
Los cristinos coinciden en hablar de un
reconocimiento profesional que se da entre ambos,
más allá de que se hayan peleado a muerte en todas
las reuniones de comisión y aun en el recinto.
(...) La senadora santacruceña tomó siempre el tema
de la reforma laboral como una cuestión personal, y
como tal había presentado un proyecto de ley en sus
tiempos de diputada, pidiendo la suspensión de los
alcances de la norma hasta tanto la Justicia se
expidiese sobre la existencia o no de sobornos.
Incluso el 11 de mayo del año 2000, cuando nadie
hablaba del tema, había denunciado durante una
sesión de Diputados la existencia de sobornos para
que los senadores aprobaran la reforma, razón por la
cual terminó siendo citada por el entonces juez
Carlos Liporaci para declarar en la causa.
Textualmente, Cristina había dicho durante esa
sesión que “debemos ejercer la defensa de las
instituciones, que no es la de los partidos que
representamos y mucho menos la de sus dirigentes
circunstanciales. Todo ello me lleva a decir lo que
pensamos, que es lo que muchas veces se murmura en
los pasillos o cuando se apagan los micrófonos o las
luces de las cámaras de televisión, porque las
circunstancias que rodearon el proceso de revisión
en el Honorable Senado no sólo fueron escandalosas
sino penosas, decadentes y hasta sospechadas”.
(...) Hay quienes afirman que el encono verdadero de
Cristina Fernández con Barrionuevo viene en realidad
de cuando en plena campaña el sindicalista definió a
su esposo como un perro muerto al que los
intendentes bonaerenses sacaban a pasear. Pero en
rigor de verdad, no es Barrionuevo el dueño del
copyright de esa frase, sino el intendente Hugo
Curto.
(...) Bien podía Cristina Fernández haber perdido su
lugar al frente de Asuntos Constitucionales el año
anterior, cuando se especuló con ese “castigo” luego
de que los ocho rebeldes de entonces -a los que
encabezaba la santacruceña- quedaron en la mira por
su actitud en la derogación de la ley de Subversión
Económica. Y esa decisión estuvo a punto de ser
adoptada en el marco de la reducción de las 47
comisiones de entonces a 25. Sin embargo no se
aplicó el escarmiento por sugerencia del propio
presidente Duhalde, quien estaba más preocupado
entonces por cerrarle a Menem los caminos de retorno
a la Rosada, y lo que menos quería entonces era
despertar la ira de Cristina, que tan bien era
conocida. Luego, cuando Kirchner fue bendecido como
candidato, Cristina se aseguró la permanencia al
frente de Asuntos Constitucionales y en esa
condición había manejado el embate contra
Barrionuevo, amén de la decisión de sus pares de
protegerlo.
(...) Peor fue la vez que Cristina decidió
aleccionar públicamente a Scioli cuando se
establecían los pasos a seguir respecto al juicio
político a Eduardo Moliné O'Connor. Con poco espacio
para la tolerancia, Cristina explicó en forma
vehemente cada uno de los pasos que debían seguirse
a su juicio, luego de que Scioli -que llevaba en la
función menos de tres meses, contra años de la
primera dama- propusiera la constitución de la
Cámara en tribunal para tomar juramento a los
presentes y fijar así el procedimiento.
Cristina le marcó que correspondía darle entrada a
un proyecto suyo que proponía lo mismo, “en virtud
de haber dado lugar a conformación de causa, de
conformidad al artículo 53 de la Constitución
Nacional”. Voluntarioso, Scioli propuso someter a
votación el proyecto, que resultó aprobado. Pero
trastabilló luego cuando llegó un pedido de
excusación de parte del senador radical Raúl Baglini,
que parecía obligar a ser debatido previamente a la
toma de juramento.
Ahí saltó nuevamente Cristina quien, fastidiada,
resolvió que la salvedad que planteaba Baglini debía
pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que
ella presidía, que funciona como secretaría del
tribunal.
No fueron pocos los que advirtieron que el enojo de
Cristina Kirchner con Scioli tenía que ver con el
castigo impuesto por su esposo, pero un cristino se
encargó de poner las cosas en su lugar: “Ojo que
Cristina tiene sus propios disgustos, que no
necesariamente coinciden con los de su esposo” |
