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El Fondo del Conurbano clave en la negociación de las reformas
El Gobierno necesita el aval de los gobernadores para avanzar no solo con la reforma tributaria, sino con el resto. El reclamo bonaerense por el Fondo del Conurbano latente en la Corte es una espada de Damocles capaz de destrabar resistencias.
12 de noviembre de 2017
Por José Angel Di Mauro

Propios y extraños terminaron reconociendo que Cambiemos sabe cómo ganar elecciones. Más allá de las críticas con las que le vienen cayendo desde 2015, que repitieron este año y que seguramente reiterarán de todas formas en 2019, esos sectores terminan reconociendo -en general en privado- que Cambiemos cuenta con una maquinaria aceitada capaz de lograr sus fines electorales. Vieron el valor de las redes sociales para hacer campaña antes que el resto, reconocen, y van más lejos al advertir que “hacen campañas del siglo XXI, mientras nosotros seguimos en el siglo XX”, tales las palabras de un dirigente peronista escuchadas por este medio.

Pero reducir ese reconocimiento tan solo a una estrategia electoral, termina siendo una manera de minimizar el fenómeno que representa el frente que acaba de ganar en casi todo el país. Así lo reconoció ante Parlamentario un dirigente sindical peronista ligado a los movimientos sociales, que ante interlocutores que insistían en relativizar la capacidad del gobierno, alzó la voz para destacar -en tono moderado- que “estos tipos saben hacer política. Por eso ganan”.

La pregunta que se plantea ahora es ciertamente más importante: ¿Saben gobernar? Dos palabras que encierran un interrogante demasiado amplio, pero que cabe ante el enorme desafío que el gobierno se ha planteado para esta segunda mitad del mandato de Mauricio Macri, con la implementación de un ambicioso programa reformista que plantea un sinfín de interrogantes para una administración que más allá del triunfo que acaba de alcanzar solo tiene un tercio en cada cámara. A lo que debe sumarse que al ser un conglomerado de fuerzas heterogéneas, cuesta imponer un discurso único en temas tan ríspidos como los que se manejan. El riesgo de fugas se hace latente.

Al cabo de una semana en la que hubo avances sustanciales en la implementación de estas medidas, el balance oficial era satisfactorio. Pero más allá de la autocelebración, más valor tiene conocer ya no la opinión de los propios, sino la de los opositores involucrados en el diálogo. Y los gobernadores opositores -piezas clave para el armado de las reformas que se buscan implementar- reconocían el viernes la habilidad del gobierno para encarrilarlos hacia la firma del pacto fiscal, en una operación de pinzas en la que el Fondo del Conurbano y el planteo de la gobernadora Vidal que llegó a la Corte Suprema jugaban un papel preponderante. Y al conocerse ese día que los 20 mil millones que inicialmente se suponía recibiría como resarcimiento la provincia de Buenos Aires, se duplicarían en 2018 y terminarían siendo 65.000 en 2019, fruncieron el ceño con la sensación de haber nuevamente minimizado al rival.

Con todo, aún no está la discusión resuelta y hasta que no se haya firmado el acuerdo nadie podrá cantar victoria.

Lo cierto es que el reclamo de María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano está ampliamente justificado, como también es obvio que la gobernadora contó con el aval presidencial para ir con el mismo hasta la Corte Suprema. Aquí corresponde recordar que el Fondo del Conurbano llegó para compensar la pérdida que Buenos Aires comenzó a sufrir a partir de lo establecido en 1998, cuando a instancias del gobierno de Raúl Alfonsín la provincia debió ceder una parte importante de lo que percibía, en favor del resto. Por entonces un radical gobernaba Buenos Aires, recordemos.

Así fue que en 1991, Eduardo Duhalde aceptó ser candidato a gobernador, luego de que el presidente Carlos Menem se comprometiera a brindarle una compensación que hiciera viable a la provincia, y ahí surgió el Fondo del Conurbano, establecido en 650 millones de pesos/dólares: una montaña de plata por entonces.

Pero está claro que la situación bonaerense ha estado por décadas ligada a la relación de amor/odio entre el presidente y el gobernador de turno. Prueba de ello es que en 1996, cuando Duhalde se transformó en un rival para Menem, el riojano encorsetó el Fondo del Conurbano en una ley que establecía que el 10% de lo recaudado por Ganancias debía ser destinado a Buenos Aires, poniéndole un tope de 650 millones de pesos, mientras que el excedente sería repartido entre los demás distritos. Caída la convertibilidad, el gobierno de Néstor Kirchner mantuvo congelado el monto para Buenos Aires, mientras lo percibido por las provincias crecía de manera exponencial.

Así llegamos a un extremo tal que para el año próximo la provincia más beneficiada -Santa Fe- percibiría casi 1.500% más que Buenos Aires. Y veamos también el fondo de la tabla, donde Tierra del Fuego recibe un 172% más, mientras que Santa Cruz percibiría un 224% más que los bonaerenses. Tal la desproporción que llevó a María Eugenia Vidal a la Corte Suprema, y a los gobernadores opositores y oficialistas a ponerse en guardia ante la posibilidad de perder tamaños recursos.

Lo cierto es que difícilmente el Tribunal Superior desatendiera semejante reclamo, atento a que la provincia de Buenos Aires percibe apenas un 0,7% del total del fondo creado precisamente para la misma. El reclamo de Vidal ascendía a 62.465 millones de pesos, y lo hizo la gobernadora al contar con el apoyo del gobierno central, por un lado, y no necesitar especular con el respaldo de los gobernadores peronistas para sus planes presidenciales, como sucedió con su antecesor.

Pero si bien se dijo el jueves que Buenos Aires recibiría 20 mil millones de pesos extra, una suma que parecía exigua a cambio de retirar la demanda de la Corte, al día siguiente trascendió el compromiso de la Nación para que sean 40 mil millones, y que en 2019 se llegue a 65 mil, la suma reclamada originalmente. Las provincias no van a resignar partidas, pues contarán con el 20% del impuesto a las Ganancias que iba para la ANSeS, que a su vez será compensado con el 30% que del impuesto al Cheque, que hoy no recibe.

Pero como todo está concatenado en esta ingeniería armada en torno a las reformas, lo tributario conduce también a lo previsional, pues para financiar todos estos gastos, la Nación tiene que sí o sí modificar el cálculo de la movilidad jubilatoria. Para hacerlo, esgrimirá el argumento de que la fórmula ideada por el kirchnerismo tenía sentido en un contexto en el que no existían mediciones sobre inflación. El cambio apunta a un ahorro de 100 mil millones de pesos, y hace pensar que la modificación de febrero pasado que levantó tanta polémica y una pronta rectificación del gobierno, no fue sino la señal de que buscaban por ahí reducir déficit.

El Gobierno pretendería avanzar con la reforma previsional en febrero, cuando se reanuden las sesiones extraordinarias que harán estallar de actividad al Congreso en diciembre, mes en el que Cambiemos pretende sacar todas las leyes económicas, incluido el Presupuesto. Pero también las reformas tributaria y laboral… Parece mucho, teniendo en cuenta la dureza que plantea la CGT, donde parece haberse impuesto el ala dura, de Pablo Moyano y Sergio Palazzo.

Previsiblemente el gobierno retrotrajo artículos, como los que establecían un gravamen interno al vino, espumantes y aumentaba el de la cerveza. Previsiblemente estallaron los sectores relacionados con las bebidas espirituosas, y las gaseosas, donde Coca Cola se puso al frente del reclamo amenazando con desandar inversiones por mil millones de dólares si el gobierno mantiene el aumento anunciado. Fue en la misma semana en la que Mauricio Macri cenó con Muhtar Kent, CEO de esa multinacional, y a quien el Presidente definió como “un fanático de esta nueva etapa de la Argentina”. “Todos tienen que ceder un poco”, repitió una y otra vez Macri, hasta ahora sin mayor éxito.

El Ejecutivo quiere aprovechar el efecto electoral, por eso la prisa en el Congreso. Pero no será tan sencillo, como se demostró esta semana. No fue por el abrupto final de la sesión en Diputados, por el exabrupto de Lilita Carrió y la sobredimensionada reacción opositora; sino por lo sucedido con la reforma de la Ley del Ministerio Público en el Senado. A pesar de que el texto fue elaborado por Federico Pinedo y Miguel Pichetto, lo frenaron en el debate en la Comisión de Justicia. Si bien se espera que consiga dictamen este martes, para ser tratado al día siguiente en el recinto, será con cambios importantes. Porque más allá de las señales y disposición de la oposición “racional”, nada le será definitivamente sencillo a Cambiemos en el Parlamento.