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Los candidatos a defensor del Pueblo rendirán examen ante el Congreso
Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor fueron citados a una audiencia pública este martes a las 11. Cambiemos quiere someter la terna a votación el miércoles.
13 de noviembre de 2017
Se aproxima la elección del próximo defensor del Pueblo. Los candidatos para ocupar el cargo vacante desde hace ocho años -el dirigente peronista Humberto Roggero, el diputado provincial massista Jorge Sarghini y el ombudsman porteño, Alejandro Amor- deberán rendir examen este martes ante los legisladores.

La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, que preside la senadora Marta Varela (Pro) recibirá a los postulantes en audiencia pública desde las 11 en el Salón de las Provincias de la Cámara alta. La intención de Cambiemos es avanzar con las negociaciones y, como ideal, sesionar este mismo miércoles para votar a un candidato.

Entre los tres candidatos propuestos, la cámara iniciadora deberá escoger a uno por el voto de dos tercios de sus miembros presentes, y la misma mayoría será necesaria para la cámara revisora -en este caso sería Diputados-. De acuerdo a la Ley de la Defensoría del Pueblo 24.284, si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría, debe repetirse la votación sobre los dos candidatos con más adhesiones.

A la terna de postulantes se llegó tras un acuerdo entre Cambiemos, el PJ y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. El cargo, para el que había originalmente 20 candidatos, está vacante desde 2009, cuando renunció el último ombudsman, el cordobés Eduardo Mondino.

La misión del defensor del Pueblo es “proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional”. Quien resulte elegido ocupará el cargo por cinco años, prorrogables por otros cinco.

Cabe recordar que, en medio del trámite de la bicameral, un nutrido grupo de organizaciones civiles solicitaron a Roggero, Sarghini y Amor que declinen sus candidaturas, al denunciar que el procedimiento de selección “no cumplió con los estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana requeridos internacionalmente en la materia”.

El pedido fue formulado mediante una carta pública a la que suscribieron, entre otros, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y ADC (Asociación por los Derechos Civiles).