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El pueblo quiere, otra vez, saber de qué se trata
Por Jorge Horacio Gentile. El exlegislador nacional advierte que la ciudadanía exige respeto, participación y definiciones de parte de la dirigencia política, ante un nuevo año electoral.
8 de enero de 2019
Llegó, por fin, el año electoral, en el que los argentinos con nuestro voto tendremos que vencer la incertidumbre, la desconfianza, la pobreza, la falta de trabajo y de educación, la inflación, la recesión, la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción y los demás problemas que padecemos.

Pero, ¿qué alternativas se plantean?

Otra vez nos proponen elegir el mal menor. La opción de hierro es, de nuevo, Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner. Ambos así lo quieren, a pesar de sus malos desempeños como presidentes. Los que intentan terciar: Sergio Masa, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Alfredo Olmedo y algunos otros no demuestran, todavía, solidez en sus pretensiones.

Una “interna invisible” condicionará la voluntad popular. Donde serán palabras santa las alternativas y candidatos que propongan Macri y Cristina, los gobernadores e intendentes, siguiendo los consejos de sus asesores -como Jaime Durán Barba-, de sus “mesas chicas”, del “círculo rojo” y de lo que digan las encuestas y focus groups.

Y ¿las elecciones primarias (visibles) de agosto próximo? -Repetirán, seguramente, los inútiles resultados de los comicios que precedieron las presidenciales 2015, en el que las alianzas y partidos mayoritarios presentaron una sola lista, por lo que será, de nuevo, una costosa “encuesta”.

A 35 años de democracia los ciudadanos debemos exigir respeto, participación y definiciones. Protestaremos cuando sea necesario –sin chaquetas amarilla como los franceses-, y no aceptaremos falsas opciones, violencias, y requeriremos explicaciones a los candidatos.

Macri no debería volver a priorizar la “pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos” o anunciar inversiones extranjeras, sino explicar cómo y cuando lo va a conseguir. Queremos saber, además, cómo se crearán empleos y se mejorará la educación, cómo se terminará la inflación, la recesión, el déficit fiscal y el aumento de los tributos y tarifas.

En 2018 la producción legislativa del Congreso, la institución más importante de la República, fue la más baja desde 1991, ya que sancionó sólo 64 leyes (34 en sesiones ordinarias, de marzo a noviembre, y 30 en diciembre). La Legislatura de Córdoba sancionó 93. Sin embargo, los presidentes dictan leyes mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), que el Congreso casi nunca corrige ni deroga. Néstor Kirchner dictó 239 en 4 años y medio, Cristina Fernández de Kirchner 82 en 8 años y Macri 45 en 3 años. Hay muchas leyes sancionadas y promulgadas que no se aplican por no estar reglamentadas.

La Corte Suprema, por otro lado, mediante fallos prácticamente deroga o aprueba leyes, sin que el Congreso intervenga. Además, por Acordada 20/96 la Corte derogó la ley que impuso el impuesto a las ganancias al personal judicial. Muchos de sus fallos exhortan al Congreso a dictar o modificar normas que nunca son respondidos.

Por qué no se actualiza el número de diputados de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada distrito, como exige la Constitución. Córdoba tiene 18, y más habitantes que la CABA, que tiene 25, y que Santa Fe 19; y por qué no se permite el voto de preferencia, para que al sufragar alteremos el orden de las listas proporcionales, y desplacemos así a los corruptos, parientes y punteros que encabezan las boletas, privilegiados por los que las confeccionan, y así tener mejores diputados.

Por qué no se sanciona un Reglamento General del Congreso, como el que proyecté cuando fui diputado, que regule las reuniones conjunta de ambas cámaras, las comisiones bicamerales, el juicio político, los pedidos de informe al Poder Ejecutivo, el control de los DNU y la redacción de las leyes y la designación del Defensor del Pueblo, hoy demorada desde hace 10 años.

Por qué no se reforma el Justicia Federal cubriendo la gran cantidad de vacantes que tiene, pasando la Justicia nacional a la CABA y la competencia para atender los recursos contra los fallos de los tribunales orales del interior a las cámaras federales con asiento en las provincias, y que actualmente falla la Cámara Federal de Casación Federal en Buenos Aires.

Reclamar el “de que se trata”, como en 1810, ayudará a cambiar el rumbo del país.