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El PJ logró derogar la ley de Subversión Económica
El justicialismo necesitó apelar al doble voto del presidente provisional del Senado, Juan Carlos Maqueda, para quebrar el empate y derogar la ley de Subversión Económica, reclamada por el Fondo Monetario Internacional para reanudar la ayuda financiera a la Argentina.
31 de mayo de 2002
La votación, que coronó casi ocho horas de debate, finalizó igualada en 34 votos gracias a que la radical rionegrina Amanda Isidori se retiró del recinto con el argumento de que lo hacía por "lealtad" a su gobernador, Pablo Verani.

La actitud de Isidori no cayó bien en el bloque radical, que había trabajado durante toda la jornada para rechazar la derogación de la ley. Así lo manifestó el jefe de esa bancada, Carlos Maestro (Chubut), quien elogió la "actitud militante" del cordobés Rubén Martí -se encuentra convaleciente de una afección cardíaca-, y calificó como un "error" la conducta de Isidori.

"Es un error, porque tenemos que tener respeto por el pueblo y lealtad con nuestras convicciones", respondió el jefe de los senadores radicales a su correligionaria rionegrina. Inmediatamente después de anunciar su decisión, Isidori abandonó el recinto y dejó empatada la votación final, al tiempo que liberó de las presiones, que también había recibido de parte de Verani, a su comprovinciano Luis Falcó, que finalmente terminó votando con el resto de su bancada.

Así, en medio de presiones y rumores de todo tipo el Poder Ejecutivo logró cumplir con su objetivo de cumplir con la eliminación de la ley 20.840, en base a un proyecto que no era el que originalmente impulsaba y que fue redactado por los senadores provinciales Pablo Walter (Fuerza Republicana) y Ricardo Gómez Diez (Renovador de Salta). No obstante, debió sufrir siete horas y media de tensión de las cuales los primeros 90 minutos se lo llevó el debate sobre la habilitación del tratamiento en particular de la ley, que fue aprobado con lo justo: 48 votos a favor y 20 en contra.

En un final vibrante, que no tiene antecedentes en los últimos años, el oficialismo cosechó 34 votos que fueron aportados 32 por el justicialistas y dos por los provinciales Pablo Walter de Fuerza Republicana y Ricardo Gómez Diez, del Partido Renovador de Salta.

La oposición al proyecto juntó otros 34 sufragios de los cuales 22 correspondieron a la UCR, 8 a los peronistas disidentes, uno a Lázaro Chiappe del Partido Liberal de Corrientes, otro a Nancy Avelín del Cruzada Renovadora, otro a Luz Sapag del Movimiento Popular Neuquino y el restante de Vilma Ibarra, del Frepaso.

Los peronistas que mantuvieron su voto negativo fueron los santacruceños Cristina Kichnner y Nicolás Fernández, los puntanos Raúl Ochoa y Liliana Negre, los entrerrianos Graciela Bar y Jorge Busti, el chubutense Marcelo Guinle, y el riojano Jorge Yoma.

La importancia que tuvo para el gobierno la sesión la marcó la presencia a lo largo de toda la jornada del ministro del Interior Jorge Matzkin y del vocero Eduardo Amadeo, quienes monitorearon el debate desde una oficinas de la presidencia de la Cámara.

La sesión se abrió a las 12.15 pero la discusión de la habilitación sobre tablas donde se requería la mayoría calificada de dos tercios demandó dos horas, y estuvo precedida por un fuerte debate entre los senadores que dividió las aguas entre quienes consideraron "necesario" facilitar el debate y quienes señalaron que eso ya significaba "abrir las puertas a la impunidad".

Tras superar este paso clave para el justicialismo comenzó un debate en el cual el justicialismo planteó la necesidad del gobierno de obtener una ley que abra las puertas de la imprescindible ayuda económica y descartó cualquier posibilidad de impunidad.

Desde la oposición, que ejercieron el radicalismo, algún provincial y los peronistas disidentes, las criticas estaban centradas en que el gobierno estaba cediendo ante las presiones y se asegura que esta ley iba a derivar en la libertad de los banqueros procesados, entre los que figura Carlos Rohm.

El presidente del bloque justicialista, José Luis Gioja negó que el proyecto pudiera "permitir la impunidad" y dijo que si se libera algún banquero procesado "no será por esta ley del Congreso, sino por una decisión de los jueces" que están cargo de esa investigación. "El justicialismo busca dar una herramienta para que se pueda abrir las negociaciones para la ayuda financiera, y así poder apuntalar a este Presidente de transición que hoy tienen los argentinos", apuntó Gioja.

Los senadores justicialistas Miguel Angel Pichetto y Sonia Escudero defendieron en el recinto la postura oficial en favor de la derogación de la Ley de Subversión Económica sustentados en "motivos políticos y jurídicos".

En ese sentido, Pichetto advirtió que Argentina "puede ser Cuba y quedar totalmente fuera del circuito internacional con el grave riesgo que eso implicaría", y aseguró que "esta ley no tiene defensa en el marco jurídico e importantes juristas dice que permite el uso discrecional por parte de algunos jueces".

En tanto, el vicepresidente del cuerpo Marcelo López Arias dijo que "la misma gente que está en contra de la derogación invocan una razón de oportunidad y reconocen que es insostenible desde el punto de vista jurídico" y dijo que "si se quiere seguir investigando no sólo se va a poder a pesar de la derogación sino que se pueden aplicar figuras de mayor gravedad".

En tanto, el senador justicialista Eduardo Menem sostuvo que "nadie pudo dar un argumento serio para que esta ley, este mamarracho jurídico, esté en vigencia".

Al rechazar que la derogación de la ley de subversión económica establezca la impunidad para algunos delitos financieros, dijo que "si alguien sale en libertad no es por la derogación, sino por decisión de los jueces".

Por su parte, el presidente del bloque radical Carlos Maestro aseguró que el radicalismo "allanó el camino" para que se dé la discusión en el recinto que "se corresponde con la responsabilidad institucional" que asumió el partido para con el gobierno nacional.

Maestro también defendió la postura radical, señaló que la UCR "siempre expuso su pensamiento de rechazo" al proyecto y así se lo expresó al jefe de Estado el "mismo día en que los gobernadores firman el acuerdo, donde se pidió que se sacará el punto referido a la derogación de la subversión económica".

En el último tramo del debate, Maestro cuestionó a la senadora Isidori por su decisión de dejar el recinto pocos minutos antes de la votación y dijo que "este debate carece de sentido porque ya conocemos su resultado".

A su vez, el ex presidente Raúl Alfonsín reafirmó en el recinto que la UCR "no obstruirá" la gestión del presidente Eduardo Duhalde pero opinó que lo que quiere el FMI al pedir la derogación de la Ley de Subversión Económica "es salvar a algunos banqueros que están muy vinculados el Fondo Monetario y a los Estados Unidos".

Al respecto, en el discurso que pronunció en el marco del debate por la derogación de la Ley de Subversión Económica, Alfonsín afirmó que "es posible que se pueda considerar que los directores del FMI están incurriendo en un acto ilícito" al pretender la anulación de esa norma.

También expusieron en contra del proyecto el peronista disidente Jorge Yoma, quien planteó que no se puede "incorporar una nueva presión al decir que la culpa de este debate está subiendo el dólar como si el dólar no subiera por las marchas y contramarchas de nuestra economía" y aseguró que este proyecto "desincrimina al sector al sector financiero y se autoincrimina al Estado".

"Con la derogación autoincriminamos al Estado de la responsabilidad frente a millones de argentinos que vieron perjudicados sus depósitos", añadió el senador riojano. También la santacruceña Cristina de Kirchner expuso en el debate y planteó que la derogación de esta ley abrirá las puertas "a la impunidad" ya que quedarán "beneficiados los banqueros que fueron responsables de la fuga de 60 mil millones de dólares".

En tanto, el legislador del Partido Liberal de Corrientes, Lázaro Chiappe, advirtió que si se vota esta ley el Congreso "estaría amnistiando a quienes se encuentran procesados por la justicia" y que "estos banqueros deben ser juzgados y no ser liberados por el Congreso".