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Crítica socialista al secreto en torno al contrato con Chevron
La bancada de diputados nacionales del Partido Socialista criticó la decisión de la Oficina Anticorrupción que desconoce el fallo de la Corte Suprema que ordena hacer público el contrato entre YPF y Chevron.
9 de marzo de 2016
La presidenta del bloque de diputados nacionales del Partido Socialista, Alicia Cicilini, criticó el cambio de postura de Laura Alonso, quien cuando era diputada por el PRO exigía la publicidad de los actos de gobierno y ahora, desde la Oficina Anticorrupción, avala que el contrato de YPF con Chevrón se mantenga en secreto.

Ciciliani expresó que “el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental y una condición esencial para todas las sociedades democráticas, facilita el control ciudadano y la rendición de cuentas de los gobernantes. Es, por su propia definición, un principio republicano que constituye un requisito básico para el ejercicio del derecho a la salud, la educación y la vivienda.

Según UNESCO (2014) son 19 los países en América Latina y el Caribe con normas de acceso a la información. Nuestro país, sin embargo, carece de ella. La única normativa vigente en la Argentina es el decreto 1172/2003 que rige sólo para el Poder Ejecutivo Nacional”. En este sentido, el bloque del Partido Socialista en el Congreso de la Nación expresó a través de un comunicado que promueve la transparencia de todos los niveles de gobierno y considera que, para que ésta se cumpla de manera efectiva, es esencial la aplicación del derecho del ciudadano reconocido constitucionalmente de acceder a la información pública, dando permanente publicidad a los actos de gobierno.

El senador socialista (MC) Rubén Giustiniani ha denunciado y llevado a la justicia el “secretismo” en el acuerdo entre YPF y Chevron, solicitando la difusión de la totalidad del contrato. La empresa estatal se excusó de dar a conocer el contrato aduciendo que era una empresa privada y por lo tanto no estaba alcanzada por el deber de información pública. La Corte, en un fallo trascedente, consideró que la empresa debe cumplir con la obligación de informar y por ello hizo lugar a la demanda. El fallo del máximo tribunal debe ser respetado y cumplido.

“Desde el socialismo -concluyó la diputada- exigimos la difusión de la totalidad del contrato e insistimos en la sanción de una ley de acceso a la información pública”.