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Sábado 17 de noviembre de 2018
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Se comenzó a discutir una nueva ley de obra pública
En la comisión homónima de la Cámara baja hay distintos proyectos para reformar la norma sancionada en 1947. La radical Brenda Austin propone más participación ciudadana en los procesos y la creación de un Observatorio.
7 de abril de 2017
En el marco de una reunión informativa de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, la diputada radical Brenda Austin presentó su proyecto de ley denominado “Transparencia en la Obra Pública”.

La legisladora dijo que la iniciativa busca ser “una herramienta que dote de fortaleza institucional, legal y que impida fundamentalmente que volvamos a tener situaciones como las que hemos vivido en las últimas décadas en el país en relación a la obra pública”.

Ante los diputados, donde también se expusieron proyectos en este sentido -uno de la diputada Carolina Gaillard (FpV)-, Austin remarcó la importancia de discutir una nueva ley que modifique a la vigente, sancionada en el año 1947.

“La idea es comenzar a discutir una nueva ley de obra pública que incorpore mecanismos de participación ciudadana y transparencia, que favorezca a la libre concurrencia con dispositivos de control en tiempo real, mejorando las licitaciones, y así evitar la cartelización, que es quizás una de las características más perversas de la obra pública”, afirmó durante su exposición.

El proyecto de ley persigue garantizar el acceso a la información sobre las condiciones de contratación; audiencias públicas obligatorias; confección abierta de pliegos; Pactos de Integridad entre Empresas y Estado; la ampliación de la legitimación activa de los ciudadanos para impulsar procedimientos de contralor y la creación de un Observatorio de Obra Pública, integrado por Universidades y Colegios profesionales, cuyo fin es asesorar e intervenir ante situaciones complejas a los fines de sumar fuerza al control social.

Austin remarcó la importancia que tiene la participación ciudadana durante el proceso de contratación: “Se calcula que el gasto de los estados en la compra de bienes y servicios en la región llega al 15% del producto bruto interno (PBI), por eso es muy importante, por el impacto que tiene y la trascendencia del desarrollo de las obras, que la sociedad tenga un rol activo en el monitoreo de las mismas”.

Según se indicó desde la Comisión, el objetivo es elaborar un único texto, en conjunto con otras iniciativas que propongan mecanismos de transparencia en las distintas etapas que comprende la obra pública. Asimismo, remarcaron la importancia de la participación de los gobiernos provinciales y municipales en la discusión.

“El desafío que tenemos es construir el andamiaje normativo para que no vuelvan a ocurrir hechos de corrupción y en eso somos todos responsables, el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, concluyó la radical.