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Jueves 23 de noviembre de 2017
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Amparo contra dos decretos de Macri que “ponen en riesgo los bienes del Estado”
Fue presentado por el diputado Adrián Grana, quien advirtió que se coloca a estos bienes como “garantía de pago ante un incumplimiento en el pago de la deuda contraída”.
17 de mayo de 2017
El diputado del Frente para la Victoria-PJ Adrián Grana presentó este miércoles un amparo contra los decretos 29 y 231 de 2017, que según su interpretación “facultan a la colocación de bonos de deuda en dólares y en francos suizos poniendo como ‘garantía’ los bienes del Estado argentino”.

Grana solicitó a la Justicia que “le ordene el Poder Ejecutivo abstenerse de contraer nueva deuda externa cediendo la inmunidad soberana sobre los bienes del Estado, hasta tanto se resuelva la validez o no de los decretos”.

Según el texto del amparo, radicado en el fuero Federal Contencioso Administrativo “el Poder Ejecutivo decidió por un decreto simple ceder la inmunidad de esos bienes, lo cual significa que los pone como ‘garantía de pago’ ante un incumplimiento en el pago de la deuda contraída”.

“Se trata de un nuevo atropello institucional del presidente Macri quien, no conforme con tomar constantemente medidas antipopulares y contrarias a los intereses nacionales, promueve este tipo de acciones intentando sortear al Congreso”, criticó Grana.

El documento, presentado este miércoles con el patrocinio legal del responsable del Frente de Abogados de Nuevo Encuentro, Sergio Zurano, aclara que “el artículo 75 inciso 5 de la Constitución dice que el Congreso tiene la facultad de disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional”.

“Únicamente puede poner algo en garantía quien tiene la facultad de disponer o enajenar, porque si no estaría colocando un bien en garantía, del cual no puede disponer, como en este caso”, continúa.

Grana observó que no puede leerse “este acto temerario del presidente, que lesiona la división de poderes” sin tener en cuenta “la historia reciente de la deuda pública argentina, en donde un juez de Nueva York condicionó el presente y el futuro del país por una interpretación capciosa de una cláusula contractual (pari-passu), exigiendo el pago de una suma multimillonaria de dólares por unos bonos defaulteados que habían sido comprados ya defaulteados a sus tenedores originales”.

“¿Qué hubiera pasado si esos bonos hubieran sido colocados por el Estado con la cesión de inmunidad soberana con la cual se está contrayendo la nueva deuda? Probablemente, se hubiera querido ejecutar –quizás con éxito- el pago de esa deuda ilegítima con los recursos naturales del país, como por ejemplo Vaca Muerta”, expuso el diputado.