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Domingo 23 de julio de 2017
LEGISLATURAS PROVINCIALES
Es ley la declaración de “servicio esencial” para el transporte público
El proyecto fue aprobado por la Legislatura unicameral cordobesa, luego del prolongado paro del transporte que puso patas para arriba los últimos días a la capital provincial.
14 de junio de 2017
Un día después de que en la Cámara de Diputados de la Nación no se pudiera tratar un proyecto en ese sentido a nivel nacional por falta de quórum, la Legislatura unicameral cordobesa convirtió en ley la declaración de “servicio esencial” para el transporte público de pasajeros, que rige también para la provisión del agua potable y la energía.

Con una Legislatura rodeada por una protesta gremial realizada por las dos CGT y la CTA locales, el Cuerpo aprobó la norma con 57 votos a favor, 5 en contra y 8 ausencias.

Los votos positivos fueron aportados por Unión por Córdoba, la UCR, el PRO y el Frente Cívico; mientras que los 5 que votaron en contra fueron los diputados del kirchnerismo y Encuentro Vecinal. Estuvieron ausentes los diputados de extracción sindical y de la izquierda.

La norma aprobada establece que “cuando el ejercicio de una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales (…) sea por tratarse de servicios esenciales, relaciones de empleo público o prestaciones de servicios públicos, deberá garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas y modalidades previstas en la presente ley”.

Los servicios de transporte público de pasajeros y los relacionados con la protección ambiental, quedan comprendidos en esta ley, a los efectos de “dar cumplimiento a las garantías mínimas de prestación y de asegurar el goce de los derechos constitucionales, en el marco de los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo receptados por la República Argentina”.

“Cumplida la obligación impuesta a las partes en conflicto, en procesos de conciliación o en forma previa a los mismos, y vencido el plazo previsto por la ley vigente para la regulación de los conflictos colectivos de trabajo, la parte que se propusiere ejercer medidas de acción directa que involucren a los servicios” referidos en esta ley “deberá dar pre aviso a la otra parte y a la autoridad de aplicación con cinco días de anticipación a la fecha en que realizará la medida”, puntualiza el proyecto convertido en ley.

Para el caso de que las partes no cumplieran las obligaciones establecidas, “dentro de los plazos establecidos para ello, o si los servicios mínimos acordados por las mismas fueren insuficientes, o habiéndolas cumplimentado no llegaran a un acuerdo, la autoridad de aplicación, en consulta con la comisión técnica, fijará los servicios mínimos indispensables para asegurar la prestación del servicio”.

Tras aclarar que se procurará “resguardar tanto el derecho de huelga como los derechos de los usuarios afectados”, puntualiza que “la decisión será notificada a las partes involucradas y, en caso de incumplimiento los responsables serán pasibles de aplicación de las sanciones previstas en el artículo 68 bis de la Ley 10.326 (Código de Convivencia Ciudadana) y demás normativa de aplicación”.