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Domingo 23 de julio de 2017
OPINIÓN
Despidos en el transporte: la feminización de la desocupación
Por Gabriela Estévez. La diputada nacional por Córdoba se expresó en contra del despido de personal de transporte que afectó en mayor proporción a mujeres y advirtió que la medida acentúa la brecha entre géneros.
27 de junio de 2017
Representando apenas el 6 por ciento del total del personal, repartido entre las empresasTamse, Aucor, Coniferal y Ersa, a la hora de las duras sanciones tras el conflicto que paralizó el servicio de transporte urbano en Córdoba, el 40 por ciento de los despidos recayeron en mujeres.

Otro dato a considerar es que estas mujeres despedidas revisten en Tamse, la empresa municipal que opera las líneas de trolebuses. Y más allá de la denuncia por discriminación ante el INADI que efectuaron las delegadas, hay otro punto que no es posible soslayar: la mayoría de las despedidas adhieren a la lista que se alzó con el triunfo cuando la elección de delegadas en la empresa municipal. Es decir que a la persecución por cuestiones de género habría que agregar otra no menos grave: la persecución política y gremial.

Las desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el ámbito laboral persisten en nuestro país y la región. La propia ONU midió la participación laboral de las mujeres latinoamericanas: la tasa de desempleo de las mujeres en la región es de 9,1 por ciento, siempre mayor que la de los hombres, de 6,3 por ciento. La brecha se presenta también en los ingresos: según el informe en el año 2000 las mujeres ganaban 60 por ciento de lo que recibían los hombres, y en 2010, 68 por ciento. Es una diferencia de más de 30 puntos porcentuales.

Pero volviendo a Córdoba, el caso de los despidos masivos dispuestos por las patronales del transporte (entre las que se encuentra la propia empresa estatal Tamse) cuenta con la particularidad de tener a las mujeres como las más perjudicadas. Las delegadas denuncian con razón a los empresarios -y hacen hincapié en el propio intendente Ramón Mestre, el responsable último de Tamse- por esta medida discriminatoria y misógina sin precedentes: de los 160 despidos, 60 son mujeres. Las cifras de la proporción de género en la planta de trabajadorxs afiliados a UTA publicadas en 2014 ya daban cuenta de la desigualdad: existen unas 200 operadoras de trolebuses, mientras que son 2.178 los choferes varones en el sistema de colectivos urbanos en la ciudad de Córdoba.

La decisión de aplicar semejante sanción, no se entiende si no después de retirarse la parte patronal de la mesa de negociación y la no aplicación por parte del Ministerio de Trabajo del acta del 9 de junio: se trataba, ni más ni menos, que de hacer cumplir lo firmado por todas las partes, dejando sin efecto los despidos.

Es necesario denunciar las actitudes anti sindicales que de un tiempo a esta parte han asumido las autoridades, tanto provinciales como municipales. Y es que con la absurda ley votada semanas atrás en la Legislatura respecto a los “servicios esenciales”, se restringió el derecho de huelga, punto donde la Provincia carece de competencia (la norma, inconstitucional por donde se la mire, desconoce la propia Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que adhiere la Argentina). Y, como parte de la embestida anti obrera, también debe considerarse a la consulta popular promovida por el municipio, con preguntas que anticipan obvias respuestas, sobre todo a partir de la fuertísima presión mediática de desprestigio a las medidas de fuerza de gremios como los municipales, Luz y Fuerza o UTA. Preguntar ¿está de acuerdo con que las asambleas de los empleados municipales se deban realizar fuera del horario y lugar de trabajo? o ¿está de acuerdo con que las líneas principales del servicio de transporte urbano de transporte continúen funcionando los días de asamblea o paro?, es ridículo. La inducción hacia una respuesta determinada por parte del ciudadano es evidente.

No puedo desconocer que los arbitrarios despidos de trabajadores se enmarcan en el contexto de las políticas neoliberales que aplica el gobierno de Cambiemos y sus avances contra los trabajadores, sus derechos, sus organizaciones. El Estado y los empresarios, con el conflicto de transporte que durante 9 días paralizó el servicio en Córdoba, ratificaron en Córdoba la tendencia que ya conocíamos sobre la participación y representación sindical de las mujeres, donde es notable su escasa injerencia en las organizaciones gremiales y las dificultades para acceder a cargos de representación. Más allá del reclamo de reincorporación de la totalidad de los despedidos, cabe remarcar el ensañamiento contra las mujeres que hubo en la drástica medida. La feminización de la desocupación que implica lo acontecido con las trabajadoras de trolebuses cordobesas, acentúa la brecha entre géneros en el terreno laboral.