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Jueves 19 de octubre de 2017
LEGISLATURAS PROVINCIALES
Reclaman por leyes de “inclusión” que no aplica el Gobierno de Misiones
Sancionadas hace años, un legislador advierte que las mismas no se aplican, pese a los reclamos en ese sentido. En qué consisten las mismas.
13 de julio de 2017
POSADAS (De nuestra corresponsalía).- En el año declarado por la Cámara de Representantes como “De las Personas con Discapacidad, por una Sociedad Inclusiva e Integrada”, dos leyes sancionadas en 2012 y 2014 que promueven la inclusión, no son aplicadas por el Poder Ejecutivo, según un proyecto de comunicación presentado por diputado Héctor “Cacho” Bárbaro del Partido Agrario y Social.

Se trata de las leyes 54/12, que establece el acceso gratuito de personas con discapacidad a espectáculos públicos y centros turísticos; y la 60/14, que instituye la difusión de los derechos de las personas con discapacidad mediante publicidad oficial en los medios radiales, gráficos y televisivos. Ambas leyes fueron sancionadas por la Cámara de Representantes y reglamentadas por el Poder Ejecutivo, sin embargo, no se cumplen.

“Pasaron cinco años de la sanción de una, y tres de la otra, deberían estar en plena vigencia ambas leyes sin embargo, ninguna de ellas se aplica en la práctica pese a las evidentes ventajas que plantean para la amplia población con discapacidad. El Partido Agrario y Social insistió muchísimas veces en el reclamo público para que el Poder Ejecutivo ordene lo necesario para el cumplimiento de las normas y el consecuente beneficio para los discapacitados de Misiones, sin suerte hasta ahora”, detalla el proyecto de comunicación sancionado por unanimidad de los diputados presentes.

La Ley 60/14, establece que la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad debe llevarse a cabo diariamente mediante la publicidad oficial de spots publicitarios. Asimismo, los diarios impresos y digitales deben publicar el contenido de dos normas con un tamaño de letra legible, y deben fijarse carteles visibles en las terminales de ómnibus, paradas de transporte público de pasajeros, plazas públicas, clubes deportivos, establecimientos educativos de los niveles primario y secundario, universidades públicas y cualquier otro lugar público, detallando a las personas discapacitadas cuáles son sus derechos.

“Si hablamos con las personas nos vamos a dar cuenta que no conocen esta ley, y no hay nada peor que esto, que la gente no conozca sus derechos. Hace tres años que los medios de comunicación tendrían que estar informando de esto. Si no hubiéramos perdido este tiempo, seguramente no seguiríamos registrando el reclamo de las personas con discapacidad que no pueden viajar en colectivo porque no les respetan el cupo y nadie sabe bien qué cupo tiene ni cómo debe hacer valer su derecho”, dijo Bárbaro al fundamentar su proyecto en el recinto.

Ley 54, aprobada en 2012, establece el ingreso gratuito con la sola presentación de su certificado, de las personas con discapacidad a espectáculos públicos, sean éstos deportivos, musicales, obras teatrales, exposiciones y a cualquier otra actividad artística, cultural o recreativa de acceso irrestricto que se brinde en la provincia, así como a los centros de atracción turística.

Además, establece una bonificación del 50% del importe de la entrada, localidad, o de cualquier otro concepto considerado como admisión paga, de un acompañante por cada persona discapacitada que concurra a los espectáculos o centros de atracción turística.

“Normas como estas son las que hacen efectiva la verdadera integración e inclusión, pero son ignoradas por quienes tienen la obligación de ponerlas en práctica”, expuso Bárbaro.

Además, el legislador mencionó que desde su bloque presentaron un proyecto para que el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), aumente el cupo de viviendas para personas con discapacidad de un 5 a un 10% en la zona del alto Uruguay, zona de mayor número de personas afectadas por distintas discapacidades consecuencia de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos; pero que el proyecto nunca fue tratado.

“Sería importante que el Ejecutivo empiece a cumplir con las leyes que fueron sancionadas en esta Cámara para que realmente las personas con discapacidad puedan conocer sus derechos y saber cómo defenderse”, finalizó Bárbaro.