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Jueves 21 de septiembre de 2017
OPINIÓN
Adoctrinamiento político en las escuelas
Por Alejandra Martínez. La diputada nacional expresó su preocupación por el intento del gremio de docentes de trasladar la discusión del caso Maldonado a la escuela.
31 de agosto de 2017
Recientemente se dio a conocer la campaña impulsada por el gremio CTERA que busca intervenir políticamente en la discusión pública del caso Maldonado usando como herramienta al sistema educativo.

Esta campaña se llevó adelante a través de la realización de actividades en las escuelas y la difusión de cuadernillos que no están incluidos dentro del diseño curricular. Se trata de material didáctico que da por verificada una de las hipótesis de la investigación en el caso Maldonado (desaparición forzada) en forma prematura e irresponsable.

El art. 13 de la Convención de los Derechos del Niño establece que éste “tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo (…)”. El art. 14 de este instrumento dispone que se respetará “el derecho del niño a la libertad de pensamiento”.

Por su parte, el art. 19 de la Ley 26.061 incluye el derecho de niñas y niños a “tener sus propias ideas (…) según el desarrollo de sus facultades”, y a “expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela”.

El planteo de una desaparición forzada en el caso Maldonado, cuando esta hipótesis aún está siendo investigada en el marco de una causa judicial con secreto de sumario, conspira contra el derecho de niñas y niños a formarse una opinión libre en el asunto y afecta su derecho a la educación. Esta forma de adoctrinamiento político constituye una vergonzosa interferencia del mundo adulto en el mundo de las niñas y niños.

La irresponsabilidad de los gremios que aplicaron esta campaña en nuestras escuelas viola en forma directa los objetivos educativos consagrados en los arts. 11, 27 y 29 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, y contraría las obligaciones de los docentes enumeradas en el art. 67 de esta norma.

La fijación de los diseños curriculares no se encuentra entre las atribuciones de los gremios, sino que corresponde a los ministros de educación de las provincias en el marco del Consejo Federal de Educación. Existe también un ámbito de libertad dentro de cada escuela para abordar los temas de actualidad, pero éste en modo alguno puede confundirse con el impulso sindical de campañas de adoctrinamiento político-partidario.

Al ignorar todas estas normas, aquellos que participaron de esta campaña plantearon una relación asimétrica con sus alumnos, abusando de su carácter de docentes para describir una hipótesis de investigación como si se tratara de un hecho judicialmente verificado.

Reclamamos y seguiremos reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, ya que es una prioridad. Pero esta forma de abuso de poder constituye un adoctrinamiento político inadmisible en nuestras escuelas.