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Miércoles 20 de septiembre de 2017
NOTICIAS
Buscan prohibir el uso de inhibidores de alarmas
El proyecto planteado por el diputado radical Diego Mestre plantea la penalización del uso ilegítimo de estos dispositivos, cada vez más comunes en el robo de vehículos y domicilios.
12 de septiembre de 2017
Tras el notorio incremento de asaltos mediante el uso de inhibidores de alarmas, el diputado nacional por la UCR-Córdoba Diego Mestre presentó en el Congreso un proyecto para penalizar el uso ilegítimo de estos dispositivos.

Mediante la iniciativa, Mestre propone incorporar el artículo 163 Ter al título VI, Capítulo I de la Ley 11.179, para que penen con prisión de uno a cuatro años, al que sin autorización o ilegítimamente lleve en la vía pública un inhibidor de alarmas y/o frecuencias, ya que, si bien fueron creados para bloquear señales de celulares legalmente, actualmente los delincuentes los usan para anular alarmas y cometer robos.

También, el proyecto del legislador de Cambiemos propone penar a quienes ensamblen, fabriquen o preparen inhibidores de alarmas, comercie, suministre, facilite, distribuya, dé en pago, almacene o transporte inhibidores y los introduzca al país fabricados o en cualquier etapa de su fabricación.

Por otro lado, el diputado impulsa una pena más severa, si los hechos mencionados se cometieren por un miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.

“Hoy, en Córdoba y otras ciudades, lamentablemente se utilizan estos inhibidores de frecuencia para delinquir, ya sea, para el robo de autos o bien, para ingresar a domicilios, burlando cualquier alarma de seguridad”, expresó Mestre al respecto, y explicó que éstos actúan mediante la emisión de una señal que anula la frecuencia de alarma evitando o interrumpiendo la comunicación entre el pulsador y la central.

En cuanto a la penalidad de su uso, el legislador consideró que “la ausencia de un tipo legal que castigue el ilícito en sí, obliga al juzgador a realizar encuadres rebuscados o esforzados aplicando figuras existentes dentro del código penal argentino, por lo que considero que la presente norma surge como necesidad de reprochar jurídicamente una conducta que no ha sido tenida en cuenta con anterioridad por el legislador, otorgando al juzgador una herramienta clara y concreta al respecto”.