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Miércoles 13 de diciembre de 2017
OPINIÓN
Minería contaminante y la educación
Por Magdalena Odarda. La senadora nacional advierte que el “Nuevo Acuerdo Federal Minero” recientemente firmado puede prestarse a manejos arbitrarios que afecten el contenido curricular en las escuelas en beneficios de las grandes minerías.
16 de noviembre de 2017
El extractivismo consiste en la explotación intensiva y extensiva de materias primas provenientes de bienes naturales comunes, como el suelo y sus reservas minerales, destinados a la exportación. El proceso de mercantilización de la naturaleza incrementó los daños ambientales y sociales, yel extractivismo minero es parte importante de ese tipo de desarrollo al que suscribe el modelo económico actual, que ha desencadenado un gran número de conflictos socioambientales en toda América. Los minerales metalíferos sufrieron un progresivo agotamiento y la voracidad de su extracción fue creciendo.Los minerales de baja ley que se encuentran diseminados en grandes extensiones, son los únicos disponibles al agotarse los yacimientos más importantes. La explotación minera metalífera a cielo abierto, con explosiones y uso de sustancias toxicas contaminantes para extraer metales de la roca molida, es la nueva forma de aprovechamiento de lo que queda en las entrañas de la tierra. Son pocas empresas extranjeras que operan en todo el mundo. La dimensión en números de los insumos de la minería permite ver su despropósito. Por ejemplo, en Pascua Lama para extraer un solo gramo de oro sería necesario remover 4 toneladas de roca, consumir 380 litros de agua, 46.3 kWhde electricidad (una semana de consumo de un hogar), 2 litros de gasoil, 1,1 kg. de explosivos y 850 g. de cianuro. Eso sumado a los ríos que se contaminan frecuentemente con metales pesados y sustancias químicas, nos da como resultado un panorama desolador y nos obliga a cuestionar ¿para qué, para quienes y para cuantos se explota?

Vale recordar a esta altura del relato, que Rio Negro junto con otras provincias argentinas, se pronunciaron contra la explotación minera con uso de sustancias toxicas a través de sus leyes dando respuesta a una creciente movilización popular en varios lugares del país. La ley anticianuro fue finalmente abolida en el 2011 por el Poder Ejecutivo rionegrino, lo cual significa una deuda imperdonable de los sucesivos gobiernos provinciales que no han restituido la manda de dicha ley.

En junio de 2017, el presidente Macri y varias provincias firmaron el “Nuevo Acuerdo Federal Minero”, elaborado por representantes de las provincias que integran el Consejo Federal Minero. En su punto 3°, respecto de los Aspectos Educativos y Formativos, se define como objetivo que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera y que “éstos tengan fundamento científico –lo que contribuirá a una mejor y certera información de la sociedad–, las partes se comprometen a llevar adelante acciones con los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales para lograr la incorporación, dentro de la currícula de los niveles primario y secundario, de contenidos sobre: a) la constitución geológica del territorio nacional y provincial; b) los productos mineros que se generan en el país y en las provincias, su utilización en la vida cotidiana; c) la importancia del sector minero en la economía nacional y regional; y d) la regulación ambiental de la actividad minera”.

Consideramos que este punto constituye una trampa que puede significar el manejo arbitrario del contenido curricular en las escuelas nacionales y provinciales, a favor de la industria minera extractivista. Antes de la firma del Acuerdo, los empresarios mineros manifestaron su preocupación por la difusión en los manuales escolares de la minería como actividad contaminante, invitando a cambiar la curricula de algunos centros de estudio. La intromisión de los sectores empresarios en los contenidos escolares es preocupante, así como el interés del gobierno en legitimar algún accionar en este sentido.

Como decía, son varias provincias y un gran número de asambleas populares a lo largo de extensas regiones de la precordillera y cordillera las que se manifestaron contra la minería contaminante. Los Estados deberán respetar la voluntad popular y las voces que hace casi 20 años se levantan contra esta actividad que ha dado muestras suficientes de sus impactos, contaminando ríos y pauperizando regiones enteras.