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Miércoles 13 de diciembre de 2017
LEGISLATURA BONAERENSE
El Frente Renovador pide una Ley integral de Ética Pública
Desde el bloque que responde a nivel nacional a Sergio Massa, presentaron un proyecto que concuerda con la obligación de que los legisladores hagan pública sus DDJJ pero quieren que “se extienda a los tres Poderes”.
27 de noviembre de 2017
“Como legisladores estamos totalmente de acuerdo en hacer públicas nuestras Declaraciones Juradas pero nuestra postura es la sanción de un Código de Ética Pública y Transparencia, con una regulación marco con deberes y pautas de comportamiento, incompatibilidades, nepotismo (con la prohibición en toda la Provincia de la designación o nominación de familiares), regulación de la publicidad oficial y también la obligación de presentación de declaraciones juradas por parte de los funcionarios de los tres Poderes de la provincia de Buenos Aires”, señaló el diputado Pablo Garate en los fundamentos de un proyecto de solicitud de informes que presentó en la cámara baja bonaerense.

Desde el Frente Renovador además indicaron que “primero queremos saber si los propios funcionarios cumplieron con la obligación de presentar sus declaraciones juradas antes del 31 de octubre tal como lo establece el decreto vigente, el listado de los incumplidores, las intimaciones o sanciones que se han tomado y que se nos indique en qué momento esa información va a estar disponible en la web del Ministerio de Justicia para su acceso público tal como lo establece el decreto 407/17 en su artículo 12°”.

Y en ese contexto adujeron que se permiten dudar de las “medidas de supuesta transparencia que quiere implementar el gobierno de la provincia: si son honestas y bien intencionadas y solamente están ignorando lo establecido en la Constitución Provincial y las numerosas iniciativas que en tal sentido existen en ésta H. Legislatura o realmente no quieren una Ley Integral de Ética Pública y estos parches legislativos le sirven para protagonizar un actingpropio del márketing publicitario”.

Garate dijo además que para que la medida sea “seria y en verdad transparente, se debe complementar con la necesaria creación del Tribunal Social de Responsabilidad Política que establece el artículo 3° de la Constitución Provincial, como órgano que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales, es decir, que proponemos un organismo extrapoder, independiente, autónomo y con autarquía financiera a diferencia de la propuesta del Poder Ejecutivo que establece como Autoridad de Aplicación al propio Ministerio de Justicia.”