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Miércoles 21 de febrero de 2018
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Avanzan los consensos para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal
Garavano, Urtubey, Casal, Martínez y Piedecasas trabajan para implementar el sistema acusatorio penal en Argentina. Las autoridades participaron del lanzamiento del Eje Penal del Programa Justicia 2020.
6 de febrero de 2018
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, mantuvo este martes una reunión de trabajo, junto a autoridades de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo con el fin de colaborar y dar asistencia técnica en la Reforma Procesal Penal Federal que lleva adelante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

Se trató de un encuentro para obtener consensos y, con un criterio común lograr la implementación del Código Procesal Penal Federal; proyecto que fue presentando ante el Senado en octubre de 2016, y que será discutido este año en el Congreso de la Nación. La convocatoria tuvo entre sus objetivos principales el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los actores que participarán en el proceso de su aplicación para avanzar hacia un plan de acción eficaz.

De la mesa “Consensos por el nuevo Código Procesal Penal Federal” participaron el presidente de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Rodolfo Urtubey, el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; en representación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Julián Ercolini, el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

Garavano aprovechó la ocasión para lanzar los objetivos 2018 del Eje Penal del Programa Justicia 2020 al recordar que “el nuevo proyecto del Código Procesal Penal fue elaborado en el marco de diálogo institucional que promueve el programa de gobierno abierto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A partir de reuniones con actores judiciales, instituciones y la sociedad civil, se generó una norma jurídica que establece procesos ágiles y transparentes a través del juicio oral y público, y que da un rol protagónico a la víctima durante el proceso penal”.

“La instrumentación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone un profundo cambio en el sistema judicial, que implica un antes y un después en la forma de tramitar una causa penal, es por ello que se hace imprescindible contar con la puesta en común de un criterio federal para la elaboración del plan de implementación”, resaltó el Ministro de Justicia.

“La mejor política es el resultado de los consensos. Estoy impresionado por la cantidad y calidad de actores del proceso judicial penal presentes en esta mesa”, comentó el senador Urtubey, quien además hizo referencia a que “el proyecto de 2015 se ha enriquecido con propuestas del Gobierno, como la figura de flagrancia, los juicios unipersonales y la Ley de Víctimas. Y ahora también trabajaremos por un recurso de casación pleno”.

“Para las personas detenidas, las angustias y sufrimientos que provoca no saber qué pasa con ellos es fundamental. Quieren ser condenados o liberados”, destacó la defensora General de la Nación, quien añadió que el sistema acusatorio con audiencias públicas es transparente: ”la sociedad podrá juzgar cómo trabaja la justicia”.

Las autoridades de Justicia prevén una instrumentación que tomará de cinco a siete años y en la que se aplicará progresivamente el sistema acusatorio en las jurisdicciones del norte del país; luego, el sur; y finalmente en el centro: “Estamos planificando una implementación que llegue en última instancia a las provincias con estructuras más complejas y mayor cantidad de casos”, advirtió el ministro.

El proyecto de reforma está orientado a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales, a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado en general.

Con el sistema acusatorio los fiscales asumen un rol preponderante en el que conducen y dirigen las investigaciones. Asimismo, plantea un sistema de administración de justicia que, mediante la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas, permita lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso.

Formaron parte de la mesa de trabajo el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, el presidente de la Cámara Federal de Salta, Ernesto Sola Espeche y su par de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Díaz Cordero y el titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato.

Asimismo, participaron de la jornada el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, el jefe Gabinete de la cartera, Martín Casares, el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benítez, el representante del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache, y representantes del Colegio Público de Abogados, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y de las Asociaciones de Fiscales y Defensores Nacionales, de los tribunales orales federales, de los juzgados federales y de las fiscalías de las provincias donde comenzará la implementación, y otros funcionarios de la cartera de Justicia.

La experiencia provincial con el sistema acusatorio

En este marco, durante la mañana se llevó a cabo otra una reunión de trabajo con operadores del sistema de justicia que intervinieron en reformas procesales penales en distintas provincias del país como Catamarca, Salta, Córdoba, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.

Durante la reunión, Benitez destacó: “El trabajo en equipo con personas que a nivel provincial ya han visto estas modificaciones con distintas magnitudes y desde distintos puestos institucionales, es clave para el proceso de reforma. Es necesario conocer las experiencias del sistema acusatorio en las jurisdicciones provinciales, para conocer los desafíos que supone la Reforma Procesal Penal Federal”.