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Lunes 18 de junio de 2018
OPINIÓN
Ninguna clase de consulta popular puede resolver la despenalización
Por Alejandra Martínez. La presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Infancia y Adolescencia de la Cámara de Diputados sale al cruce de las propuestas que incluso desde su partido sugieren plebiscitar sobre el tema que corresponde a legisladores.
3 de marzo de 2018
El presidente, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, marcó un rumbo de gestión en la agenda de género que venimos impulsando con temas tan importantes como la equidad salarial, el embarazo adolescente y las licencias parentales. Pero el mensaje más políticamente robusto que nos dejó se vincula con un debate largamente postergado: la despenalización del aborto.

Los legisladores presentes fuimos llamados a enfrentar esta discusión con responsabilidad y madurez. Creo que ese es el punto central de las palabras del presidente: la responsabilidad que nos cabe como representantes de la ciudadanía, en virtud de la cual debemos asumir todos los temas, por sensibles o difíciles que sean, a cara descubierta y sin dilaciones o excusas. No podemos diluir esa responsabilidad con iniciativas que relativicen el peso y la importancia del debate legislativo, como la consulta popular recientemente propuesta por algunos legisladores.

Ésta no sólo resulta contraria a derecho, ya que la Constitución veda la materia penal para ese tipo de medidas, sino que también corre el eje de la discusión incluso antes de que ésta pueda iniciarse. Es una manera de evitar las instancias informativas y deliberativas propias del trabajo parlamentario. Es sencillo pensar que toda decisión política debe someterse a un proceso de consulta, pero es también muy engañoso. En nuestra forma de gobierno, el pueblo delibera a través de sus representantes, y olvidar ese rasgo institucional puede conducirnos a la demagogia.

Hay cuestiones vinculadas con los derechos de las personas que no pueden plebiscitarse. Por eso mismo existen instituciones contramayoritarias, destinadas a proteger a los individuos de las mayorías circunstanciales. Todo ello no significa, desde ya, que no debamos escuchar todas las voces. Por eso mismo se ha planteado la realización de audiencias públicas sobre el tema, además de reuniones con expertos y representantes del Estado, las distintas fuerzas políticas y la sociedad civil.

El presidente ha garantizado una pluralidad inédita en este debate, que fue olvidado e invisibilizado durante décadas. Lo que no podemos hacer, bajo ningún punto de vista, es renunciar a nuestra responsabilidad como legisladores. Ninguna clase de consulta pueda resolver esta cuestión por nosotros, o esgrimir los argumentos que no estamos dispuestos a asumir como propios. Tenemos que respetar las distintas posiciones y avanzar en un diálogo civilizado, que reconozca las diferencias sin suprimirlas o simplificarlas. Precisamente para eso fuimos elegidos.