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Martes 16 de octubre de 2018
OPINIÓN
Expectativa por la presentación de Caputo, que podría retrasarse
Por José Di Mauro. Curioso alivio por una inflación que sigue siendo elevada y que pone en riesgo la meta del 15% a la que más gremios están circunscribiéndose. El paso por el jefe de Gabinete por Diputados dejó una concesión: irá Caputo... Pero tal vez no cuando dijo.
17 de marzo de 2018
Sin ser en realidad una buena noticia, hubo gestos de alivio cuando el INDEC confirmó que la inflación de febrero había sido 2,4%. Sorprende semejante satisfacción por un índice que está apenas por debajo de la inflación que tuvo por ejemplo Brasil, nuestro principal socio, durante todo 2017 (2,95%); pero no olvidemos que llegó a temerse que el porcentaje del segundo mes del año superara el 3%. Con todo, las autoridades económicas siguen ilusionándose con una baja que irá verificándose pasado el mes de abril, e insisten con que el 15% es una meta a la que no se renuncia. Se ilusionan con que la inflación de un dígito pueda alcanzarse en 2020.

Con un 4,2% acumulado en el primer bimestre, un marzo tradicionalmente caliente y la suba del gas prevista para abril, es muy probable que en un tercio del año se haya consumido más de la mitad de la inflación prevista para todo 2018. Para cumplir con la meta del 15%, ningún mes debería superar en lo sucesivo el 1% -más bien debería estar en 0,8%-, lo que plantea una cuesta muy empinada, sobre todo si se tiene en cuenta que aún falta un aumento del transporte. Pero como están las cosas, en el gobierno festejarían en el Obelisco un 17%. “Si les planteás el 18%, te lo firman ya”, se sincera un funcionario de segunda línea animado con esa alternativa.

Así y todo, las negociaciones paritarias que tanto preocupan al gobierno por el efecto dominó que conllevan, van cerrándose dentro de los parámetros establecidos. Esta semana fue el turno de Luz y Fuerza: 15% de aumento y cláusula de revisión, que no es lo mismo que el desechado gatillo. Gol de Jorge Triaca, que justifica así que el Presidente lo haya mantenido en su equipo a pesar de la sucesión de traspiés con los que arrancó el año.

El ministro de Trabajo confirma así que es uno de los funcionarios clave de esta administración. Un paso detrás de quien hoy es el ministro más controversial, el que la oposición en su conjunto ha elegido para dispararle munición gruesa: Luis “Toto” Caputo, titular de Finanzas. Un hombre determinante a la hora de conseguir financiamiento para el Estado argentino, de ahí la importancia que se le asigna y el empeño en defenderlo ante los embates de la oposición.

Deseoso de encontrar un parangón con la corrupción pasada que les permita proclamar que son todos iguales -pero ellos mejores-, los kirchneristas aseguran que tener plata en paraísos fiscales es corrupción extrema. Muy a gusto en su salsa, el jefe de Gabinete les retrucó que “corrupción no son las offshore; corrupción son los bolsos de López”.

Fue uno de los pasajes del informe de Marcos Peña más festejados por el oficialismo en el recinto de Diputados. En ese contexto ratificó una vez más al ministro de Finanzas, al que el kirchnerismo reclamó desde su renuncia, hasta una interpelación. En rigor, más que una dimisión, la oposición dura preferiría interpelarlo por el desgaste que le significaría al gobierno de Mauricio Macri. Montar un gran espectáculo televisado en el recinto, que reforzara la beligerancia observada en diciembre pasado. Miembros del “club del helicóptero” sueñan con reeditar la experiencia de Antonio Tróccoli, el ministro del Interior de Alfonsín incinerado en una interpelación en 1986 por el caso Sivak, que renunció al cabo de esa tormentosa sesión.

Pero ya ningún gobierno accede a someter a sus ministros a interpelaciones en el recinto. El modelo elegido es que concurran a una comisión -preferentemente del Senado, donde los ánimos suelen ser más calmos-, o en todo caso a un plenario, siempre asegurándose que la conducción de la reunión corresponda al oficialismo. Así y todo se puede desmadrar: recordemos los episodios del plenario que discutió la reforma previsional en Diputados, que terminó con Agustín Rossi caminando sobre escritorios.

Resultó más que simbólico que tras rechazar las imputaciones y ratificarlo enfáticamente, el jefe de Gabinete accediera a la posibilidad de que Caputo se presente en el Congreso luego de que el pedido lo hiciera el peronismo dialoguista. Fue cuando el salteño Pablo Kosiner admitió que es “muy difícil” interpelar a un ministro en el recinto, pero reivindicó “el derecho que tiene el Congreso de conocer la información que los ministros tienen que dar”. Era el momento esperado por Peña, que al responder confirmó que el funcionario “puede estar acá la semana próxima para contestar todas las inquietudes que usted plantea”.

Sin embargo no es seguro que eso suceda, al menos esta semana. Pasa que la presentación de Caputo sería en el seno de la Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, una comisión que nunca se constituyó, creada a partir de la ley que aprobó la salida del default. Esto es, siguiendo los tiempos habituales del Congreso, en el mejor de los casos tendría que constituirse esta semana y en ese marco recién se invitaría formalmente al funcionario, para la siguiente... que es Semana Santa.

Más allá del interés o no de dilatar su presencia, mientras tanto se sabe que el ministro de Finanzas está siendo preparado jurídica y dialécticamente para confrontar con la oposición. Solo se conocen los nombres de los diputados que integrarán esa comisión, pues falta que el Senado designe a sus diez miembros. La mitad de los diputados son oficialistas: los radicales Miguel Bazze y Luis Borsani, el lilito “Toty” Flores y Eduardo Amadeo y Luciano Laspina por el PRO. Están también el massista Marco Lavagna; el salteño Néstor David, que responde al gobernador Urtubey; José Luis Gioja y los kirchneristas duros Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade.

Ese debate transcurrirá en un Congreso donde otro tema es el que promete llevarse toda la atención: el aborto, que a partir de este martes comenzará a ser debatido en un plenario de comisiones, y en las semanas sucesivas habrá maratónicas audiencias públicas semanales, para las cuales hasta se evalúa instalar pantallas gigantes para que pueda seguirse el desarrollo de las mismas fuera del Congreso. Hay intenciones de llevar esas audiencias al interior del país, pero las organizadoras de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito resisten esa alternativa, por considerarla “desgastante” y destinada a dilatar el trámite.

No deberían tener tanta prisa, pues si el proyecto llegara al recinto esta misma semana, lo más probable es que fracasara. Con muchos indecisos y votos secretos, los números preliminares por ahora plantean un rechazo al proyecto. Pero las negociaciones, el consenso que pueda alcanzarse entre los legisladores y la presión social se espera que hagan lo suyo para inclinar la balanza hacia un corolario distinto, aunque ello resulta por ahora muy difícil. Y eso que hablamos de la Cámara baja, donde el aborto tiene más posibilidades de avanzar. Al gobierno le interesa que el debate se extienda, que no se agote en pocas semanas y tenga una definición inmediata, sino que al menos se prolongue hasta el Mundial.

Cualquiera sea el resultado, podrá vanagloriarse de haber sido el gobierno que habilitó la discusión de un tema tan controversial. Algo que lo distancia aún más de una Iglesia cuya cabeza en El Vaticano se advierte tan distanciada de la administración macrista. Sobre llovido, mojado, esta semana estalló otra polémica, en este caso por la difusión de los sueldos que perciben los obispos.

Trascendió que la cúpula eclesiástica se quejó ante el gobierno por el tema, interpretando que se trata de una “maniobra distractiva” que ubican en la misma línea de la despenalización del aborto. Incluso sugirieron que fue planteada con el fin de desgastar a la Iglesia en vísperas del debate sobre la legalización del aborto.

Lo cierto es que, lo entiendan o no, el tema no fue planteado por Marcos Peña en su exposición ante los diputados, como parece, sino que figuró entre las 1.318 preguntas que previamente llegaron a la Jefatura de Gabinete. Fueron ocho preguntas puntuales que hizo la diputada radical Carla Carrizo, referidas al sostenimiento del culto católico en el ámbito nacional para el presente año. La número 25 encendió la polémica: ¿cuánto corresponde a remuneraciones de funcionarios eclesiásticos?

Ya sobre el final de la sesión, y a partir de que ya algunos medios se habían hecho eco de ese detalle al repasar el informe con las preguntas y respuestas, la propia diputada Carrizo, que ya ni siquiera es oficialista -pertenece al bloque de Martín Lousteau-, aludió al tema durante su intervención.

Parece que no hay manera de convencer a los desconfiados obispos de que el tema no estuvo orquestado.