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Martes 16 de octubre de 2018
OPINIÓN
Se tensa la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia
Por José Di Mauro. Más allá de los discursos públicos, la relación entre el Gobierno y la justicia, personificada por la Corte y los jueces federales, se enmarca en un intercambio de golpe por golpe.
24 de marzo de 2018
No llega al nivel alcanzado por el kirchnerismo, cuando se trabó en una guerra sin cuartel con el Poder Judicial. El combate se dio en las cadenas nacionales de Cristina y el discurso común del kirchnerismo, que llegó a hablar de “Partido Judicial” -suele usar aún el término-, y por supuesto el Congreso, donde el FpV hacía valer el peso de su número aprobando leyes que después los jueces declaraban inconstitucionales.

No llega a ese nivel la confrontación, pero está clara la tensión que mantienen los jueces con el gobierno. En particular, lo más alto de la justicia y el Presidente de la Nación. Pareciera ser el factor que desestabilizó la relación la decisión de la Corte Suprema de ordenar que se sortearan los juicios que involucran a Cristina Kirchner, invalidando así al Tribunal Oral Federal N° 9, designado en primer lugar. Si bien las razones que movieron a la Corte a tomar tal determinación lucen inobjetables, el Presidente no pudo digerir la medida, y en lo más alto del poder se llegó a hablar de un “pacto de impunidad” entre los jueces de la Corte a los que el gobierno considera “peronistas” y el justicialismo. Los firmantes de esa acordada fueron Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, de reconocida militancia peronista -el primero fue senador del PJ, el segundo ministro de Néstor Kirchner-, y Ricardo Lorenzetti, al que el enojo oficial incluyó en esa línea.

Para el gobierno, la “maniobra” implicaría un retraso de al menos seis meses para los juicios que involucran a la expresidenta, aunque prestamente en la semana se procedió a elegir los nuevos juzgados en cuyos banquillos se sentará Cristina. Pero Mauricio Macri se sintió traicionado porque había hablado con Lorenzetti y éste no le adelantó esa decisión.

Tras ello vino el polémico fallo que permitió liberar a Cristóbal López y Fabián De Souza, condenado desde diversos sectores, pero sobre todo por el presidente Macri. La reacción de la Corte fue nada menos que un pedido de investigar a los jueces que adoptaron semejante decisión. Previamente Elisa Carrió -que tiene conocidas cuentas pendientes con Ricardo Lorenzetti- impulsó ante el Consejo de la Magistratura una investigación sobre los jueces Ballestero y Farah, para determinar si medió dinero en la liberación y cambio de carátula que benefició a los empresarios.

Fue en ese contexto que el Presidente sorprendió con la elección de Inés Weinberg de Roca para ocupar el lugar dejado por Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación. Si bien el nombre de la actual titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires había trascendido en un primer momento, la decisión sorprendió a propios y extraños. Prueba de ello es que casi al mismo tiempo en que el primer mandatario formulaba el anuncio en un ámbito si se quiere insólito -el programa de Mariana Fabbiani-, los senadores Miguel Pichetto y Federico Pinedo se reunían con el fiscal Raúl Plee, quien sonaba fuerte como el elegido de Macri.

Pero sobre todo tenía el visto bueno del influyente jefe del bloque Justicialista, quien se sintió desairado por la decisión del mandatario. Fuentes confiables admitieron ante parlamentario.com el fastidio del senador rionegrino al enterarse por los medios de la elección presidencial. Pinedo, como la mayor parte del gobierno, también lo ignoraba.

Se sabe que la decisión presidencial de escoger a alguien externo a Comodoro Py forma parte de la nueva relación con el Poder Judicial en su conjunto. Es una toma de distancia de la Corte Suprema y de los jueces federales, y precisamente se adoptó a partir de dos hechos que acabamos de citar: la resolución sobre el TOF 9 y la liberación de Cristóbal López. Sorprendió Macri con esta decisión de alterar la relación con los jueces, que formaría parte de la relación particular que mantiene con ese poder. “Es una jugada arriesgada”, reconoció ante este medio un observador equidistante, que la comparó con la embestida contra el poder de Hugo Moyano, que dicho sea de paso en el gobierno piensan que están ganando.

No podrá acusarse a Macri de no asumir riesgos.

Medió también en la decisión presidencial de elegir a una mujer para reemplazar a Gils Carbó una cuestión de género. Así admitieron los funcionarios, pero está claro que esta versión feminista del Presidente inaugurada el 1° de marzo no está dispuesta a ofrecer resquicios en ese sentido. Desde los sectores más duros de la oposición peronista reconocen esa agenda de género abierta por el gobierno como un mérito.

Pero los cruces entre el Ejecutivo y la Justicia fueron constantes los últimos días. De hecho, la semana concluyó con un duro revés para el gobierno al declarar una sala de la Cámara Contencioso Administrativa Federal la “invalidez constitucional” del DNU que endureció los controles migratorios y agilizaba las deportaciones en casos de delitos.

El mismo día se conoció la resolución de la fiscal federal Gabriela Baigún en favor de liberar a Carlos Zannini y Luis D’Elía en la causa del presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Enseguida se la vinculó con Justicia Legítima, cosa que la propia fiscal se encargó de negar. Primero porque esa organización “ya no existe”, señaló ella misma; segundo, porque es falso, agregó. Y como muestra recordó que es la misma fiscal que pidió condenar a D’Elía en la causa por la toma de una comisaría en La Boca. Amén de ello, los argumentos esgrimidos son sólidos, y hace varios días que circulaba la versión de que se venían liberaciones en el marco de una reinterpretación de la “doctrina Irurzun” que el propio camarista había circunscripto al caso de Julio De Vido y la causa Río Turbio. Pero llamó la atención que el TOF N° 8 resolviera las liberaciones a las 4 de la madrugada.

En el gobierno llaman mucho la atención las liberaciones que arrancaron con Roberto Baratta, en una decisión adoptada por el controvertido Ballestero y el propio Martín Irurzun. Pasa que el kirchnerismo promueve esas excarcelaciones como un certificado de buena conducta, cuando en realidad -salvo el caso de Baratta, que incluyó sobreseimiento- se limitan a contradecir la decisión de detener sin condena. Los procesos siguen.

El kirchnerismo tiene su particular interpretación de estos hechos, como Andrés “Cuervo” Larroque se encargó de sugerir a partir de la liberación de Cristóbal López. A juicio del secretario general de La Cámpora, los jueces están “observando un cambio en la situación política y empiezan a ajustarse más a derecho”. Léase: ven al gobierno más endeble y ya no actúan en función de sus deseos.

La puja con la Corte tuvo una nueva e impensable escala. Fue en la madrugada del jueves, cuando sobre el final caótico de la sesión en Diputados, el oficialismo promovió la aprobación de un pedido de informes al Tribunal Supremo referido a la difusión de las escuchas de Cristina y Parrilli. El proyecto había sido consensuado -oh sorpresa- entre el oficialismo y el kirchnerismo, aunque finalmente no prosperó porque el propio kirchnerismo interpretó que su tratamiento esa madrugada era una maniobra de Cambiemos para dilatar la sesión y evitar el debate sobre la validez del mega DNU. Horas después, la propia Corte se adelantó para pedirle al Congreso que realice una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y se investigue la difusión de los audios.

Sobre el frustrado debate en torno al megadecreto, el oficialismo dejó sin quórum la sesión y estalló el escándalo, con toda la oposición maldiciendo la actitud de Cambiemos. Se escucharon imputaciones como la de que Cambiemos estaba “haciendo pelota el Congreso”, e incluso un diputado se subió al “club del helicóptero” para sugerir que la renuncia del presidente peruano era por “causas significativamente menores que las que caen en el Presidente de la Argentina”.

En rigor, la Cámara acababa de votar los tres proyectos que reemplazan al DNU que la oposición quería derogar, lo que el oficialismo consideraba en esas circunstancias abstracto. Como abstracto resulta ahora el pedido de desafuero de Cristina, en una causa cuyos presos son liberados. De ahí que se descuenta que ya no avanzará el pedido de tratamiento de ese tema que formuló el oficialismo el miércoles pasado, generando la reacción del kirchnerismo y el enojo de Pichetto. El mismo senador que horas después se fastidió más con la elección de Weinberg de Roca.