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Sábado 15 de diciembre de 2018
NOTICIAS
Cuestionan exclusión del carácter de “víctimas” de las comunidades indígenas
Magdalena Odarda advirtió que bajo el proyecto de ley que pretende reformular el Código Procesal Penal las comunidades indígenas quedarán desamparadas ante la discriminación.
15 de abril de 2018
La senadora nacional Magdalena Odarda manifestó su disidencia parcial con el proyecto de ley que pretende reformular el Código de Procedimientos en Materia Penal de la Nación, de autoría de los senadores Urtubey y Guastavino, en tanto dicho proyecto excluye del carácter de “víctimas” a las comunidades indígenas, lo que venía siendo contemplado por el Código aún vigente desde 2014.

A través de su disidencia parcial, la senadora planteó la posibilidad de que se incorpore un nuevo artículo 78 bis al Código Procesal Penal, el que se encuentra especialmente dirigido a las comunidades indígenas, preservando la posibilidad de que las mismas puedan continuar siendo consideradas “víctimas”, en los términos procesales, en “aquellos delitos que impliquen discriminación de alguno de sus miembros, genocidio o afecten de un modo directo sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente.”

Odarda destaca que, de este modo, al ser reconocidos como víctimas, las comunidades originarias tendrían la totalidad de los derechos que consagra la Ley 27.372, además de poder constituirse como querellantes. Al mismo tiempo, contarían con todas las medidas de atención, asistencia y protección propias de las víctimas, el derecho de asistir a centros para la atención integral de quienes hayan sufrido un delito, el derecho al patrocinio jurídico gratuito, así como el derecho a participar del proceso penal sin necesidad de poseer patrocinio letrado. “En resumen, la Ley de Víctimas (27.372) empodera a las mismas sin necesariamente obligarlas a constituirse como parte querellante, lo que estaría resultando derogado en caso de que no se hiciera lugar a la observación y disidencia” manifestó Odarda.

Consideró al respecto la legisladora que “los pueblos indígenas deben ser reconocidos como víctimas, respetando así sus derechos colectivos”, y que este reconocimiento legal “supone que se los reconozca como una colectividad, teniendo en cuenta su carácter plural y su pertenencia a un pueblo preexistente al Estado, lo que trasciende notoriamente el simple carácter de individuos”.

“Se trata de comunidades que construyen su propia identidad cultural, y que aún formando parte de la sociedad política, son culturalmente diferentes a la mayoría, dado que esa diferencia se encuentra sustentada en la diversidad de formas de ver y entender el mundo, lo que justifica su protección jurídica diferenciada”, finalizó la legisladora.