Una propuesta para penalizar con multas de hasta 4.000 dólares o con trabajos sociales a los esposos o esposas que sean infieles ha generado polémica en Colombia.

El senador Edgar Espíndola dice que su proyecto de ley "busca proteger integralmente a la familia", los críticos califican su iniciativa como ridícula, retrógrada e inútil, según informa el portal de BBC Mundo.

La controversia tiene que ver con si el Estado debe intervenir en un asunto de las parejas y con el hecho de que, además, el sistema judicial es frecuentemente criticado por sus altos índices de impunidad.

Si el proyecto se convierte en ley -lo cual no parece muy probable en estos momentos- las comisarías de familia tendrían la obligación de dirimir los conflictos por infidelidad e imponer las sanciones a los responsables, "salvo si se perdonan", explica Espíndola.

El legislador, quien pertenece a una iglesia evangélica, dice que la infidelidad es de grandes proporciones en Colombia y cita encuestas según las cuales ocho de cada diez personas es o ha sido infiel a su pareja alguna vez.

Espíndola lamentó que "Colombia se haya olvidado de los valores" y señala que la infidelidad es fuente de maltrato en las familias.

"Cuando una persona se casa y violenta a su compañero o a su compañera, deshonrando aquel principio de la lealtad que se prometieron darse el uno al otro, los daños que se generan son tremendos", aseguró el senador.

Pero Gerrit Stollbrock, un licenciado en filosofía de la Universidad Javeriana de Bogotá, dice que penalizar la infidelidad "es un absoluto retroceso".

Otros han sido aún más duros con el proyecto, entre ellos el escritor Oscar Collazos, quien escribió en el diario El Tiempo: "Hay que estar ocioso para concebir un proyecto de ley que busca castigar las reacciones del corazón o la entrepierna".

"Es probable que el proyecto de ley no soporte más de un debate. O que el debate se desvíe hacia ejemplos históricos que demuestren la ridiculez de esta iniciativa".

Stollbrock agrega que la infidelidad se da entre personas adultas, plenamente conscientes y autónomas que deben arreglar entre ellas el problema, sin la intervención del Estado.