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Lunes 24 de septiembre de 2018
OPINIÓN
La solución que nos engrandece como sociedad será la que proteja las dos vidas
Por David Schlereth. El diputado nacional por Cambiemos fundamenta su rechazo al proyecto de despenalización del aborto y destaca la importancia de impulsar el desarrollo de políticas activas de educación, prevención y anticoncepción.
8 de mayo de 2018
Abordar la problemática del aborto requiere la consideración y valoración de aspectos bioéticos, científicos, jurídicos, sociales, educativos, éticos que inevitablemente se cruzan entre sí, y también la comprensión de una realidad compleja que viven muchas mujeres en Argentina que enfrentan embarazos no deseados. Sin embargo, al hacerlo y plantearnos soluciones debemos priorizar lo más importante y trascendente que es el valor intrínseco de la vida humana y el derecho a la vida, de lo contrario las miradas parciales o sesgadas nos llevan a conclusiones equivocadas.

En primer lugar, la pregunta que debemos respondernos es cuándo se inicia la vida humana. La respuesta objetiva y probada, que dio la ciencia hace mucho tiempo, es que existe vida humana desde la concepción. Cabe señalar que quienes la objetan lo hacen con argumentos ideológicos, filosóficos pero no científicos.

La Academia Nacional de Medicina e innumerable cantidad de organizaciones científicas nacionales e internacionales ratifican que desde la concepción, ese embrión unicelular llamado cigoto, ya es un nuevo ser humano con características únicas e irrepetibles, con una carga genética única e individual distinta a las de sus progenitores, que inició un proceso de desarrollo y vida propia que durará por décadas hasta el día de su muerte. Por lo tanto, el aborto implica de manera directa atentar contra la vida de un ser humano.

En segundo lugar, nuestro ordenamiento jurídico le dio de manera explícita rango constitucional a la tutela, resguardo y defensa de la vida humana desde la concepción, a través del texto constitucional y de tratados internacionales a los cuales hemos adherido a partir de 1994 y tienen todos rango constitucional, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

Legalizar el aborto en el país implica entonces modificar nuestra Constitución y desarmar el entramado de adhesiones a los tratados internacionales; e intentar hacerlo mediante la sanción de una ley nacional es un proceso equivocado. En todo caso, debió plantearse modificar la Constitución Nacional convocando a una Asamblea Constituyente.

En tercer lugar, legalizar el aborto como solución a un problema profundo, de difícil tratamiento y solución como es un embarazo no deseado, implica vulnerar el derecho humano más importante que es el derecho a la vida, sin el cual el resto de los derechos no tienen sentido.

Hay dos vidas involucradas, la mujer y el niño por nacer, y el Estado debe protegerlos, pero nunca la solución será atentar contra la vida de uno de los dos.

Se plantea legalizar el aborto desde premisas falsas y otras equivocadas. Por ejemplo: sectores abortistas se declaran también a favor de la vida, pero le niegan el derecho a vivir al niño por nacer cayendo en una gran contradicción; sostienen que mueren miles de mujeres por año por abortos en el país cuando las cifras oficiales del Ministerio de Salud establecen que por abortos murieron en 2009, 87 mujeres, en 2015, 55; en 2016, 43 y en 2017, 31, es decir, no solo que es falso que mueren miles de mujeres, sino que en los últimos nueve años las muertes por abortos se redujeron un 65%.

También plantean al aborto como solución al problema puntual del embarazo no deseado, pero del texto del proyecto surge claramente la intencionalidad de liberar totalmente esa práctica, incluso a adolescentes de 13 a 16 años que podrían abortar sin el consentimiento de sus padres.

Otra muestra de este interés es la desestimación y rechazo deliberado de la objeción de conciencia que obligaría a los médicos a practicar el aborto no solo en contra de sus convicciones personalísimas amparadas por la Constitución Nacional sino además en contra de su juramento hipocrático que establece el respeto y resguardo de la vida humana.

No podemos dejar de reconocer el estado de vulnerabilidad que muchas mujeres sufren frente a un embarazo no deseado que incluye a un número muy importante también de embarazos adolescentes; donde la soledad, el desamparo, el temor, la situación socioeconómica, entre otras, agravan la situación.

La solución no es el aborto, es la acción decidida del Estado desarrollando políticas activas de educación, prevención, anticoncepción; generando junto a organizaciones de la sociedad civil, grupos de contención interdisciplinarios de apoyo a las mujeres que se han planteado la posibilidad de abortar para contenerlas y acompañarlas; y también un mecanismo de adopción más ágil, especialmente para el recién nacido. La solución que nos engrandece como sociedad será la que proteja y resguarde la vida de ambos, de la mujer y del niño por nacer; y tenemos que hacer el esfuerzo para concretarlo.