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Jueves 16 de agosto de 2018
NOTICIAS
Confirman la prórroga de la emergencia económica para la fruticultura
La autora del proyecto, la senadora Lucila Crexell, indicó que fue aprobada la prórroga que faculta al Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas en la cadena de producción.
12 de junio de 2018
Luego del trabajo realizado por la senadora nacional Lucila Crexell ante distintos sectores del Gobierno nacional, y las negociaciones que mantuvo con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, salió publicado el decreto que prorroga la Ley de Emergencia Frutícola y sus modificatorias.

“Hace algunos meses que iniciamos este proceso de negociación por la prórroga”, aclaró la senadora por el Movimiento Popular Neuquino, quien detalló que a principios del mes de abril presentó un proyecto de comunicación solicitando que continúe vigente esta herramienta “que descomprime a todo el sector de sus apremios financieros”. También explicó que luego, junto con el senador Miguel Ángel Pichetto, “presentamos una nota a los ministros de Agroindustria, de Trabajo y de Hacienda en el mismo sentido”.

Asimismo, la legisladora sostuvo que “frente a la dilación que se venía observando en otorgar la prórroga, y por la situación económica del país, pedí que se avanzara más rápido porque el sector necesitaba medidas urgentes. Este decreto que vemos hoy es el resultado de un trabajo permanente”.

Cabe recordar que en oportunidad del tratamiento de la ley de tarifas finalmente vetada, la senadora neuquina admitió que condicionó su voto contrario a esa norma al compromiso del Gobierno por otorgar la prórroga de la ley por ella impulada.

La ley, sancionada el año pasado, declara en emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de 365 días a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. También faculta al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de AFIP y ANSeS, lo que representa casi 700 millones de pesos al año para este sector productivo. En el artículo tercero ya estaba contemplada la posibilidad de la prórroga.