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Viernes 20 de julio de 2018
LEGISLATURA PORTEÑA
Diputados y organizaciones sociales cuestionaron la falta de ESI en la Ciudad
Más de 60 organizaciones sociales y legisladores porteños de la oposición realizaron un balance sobre el “incumplimiento” de la Ley de Educación Sexual Integral y consideraron que faltan política públicas motorizadas por el Ministerio de Educación.
11 de julio de 2018
Más de 60 organizaciones de la sociedad civil especializadas, instituciones públicas, gremios, referentes y espacios que integran la comunidad educativa de la Ciudad, organizaciones feministas y legisladores de la oposición cuestionaron duramente al Gobierno porteño por “no garantizar el derecho a la Educación Sexual Integral (ESI)” y consideraron que faltan política públicas motorizadas por el Ministerio de Educación.

En ese sentido, elaboraron un documento en el que “se analizan las limitaciones que propone la Ley vigente, la ausencia de política pública motorizada por el Ministerio de Educación, la falta de programa y presupuesto destinado a la ESI, las debilidades existentes en la currícula de formación docente, las dificultades cotidianas que estudiantes, docentes y la comunidad educativa reclaman y, finalmente la falta de articulación entre las escuelas y los servicios de salud sexual y reproductiva”.

En la misiva, recordaron que en “2006 se sancionó la Ley Nacional N° 26.150 que creó el programa Nacional de Educación Sexual Integral” y precisaron que “de acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Educación de la Nación, en respuesta a un pedido de acceso a la información presentado por el Observatorio de Derechos Humanos, a través de este programa ministerial se produjeron y distribuyeron, desde el año 2007, distintos materiales y contenidos para la aplicación de la ley en las escuelas de las provincias argentinas. También se desarrollaron cursos virtuales y presenciales de capacitación docente”.

A su vez, denunciaron que “en 2015 se destinaron alrededor de 55 millones de pesos al programa de educación sexual integral” pero “en 2017 ese presupuesto fue reducido a 42 millones de pesos” e insistieron en que “durante los doce años posteriores a la sanción de la Ley el Gobierno de la Ciudad no creó un programa con la jerarquía suficiente para abarcar todas las instancias establecidas por la ley ni creó un área específica en la estructura ministerial que garantice y supervise su efectiva implementación en todos los niveles escolares”.

“Un claro exponente de esta falta de política pública es que durante estos 12 años prácticamente no fueron asignados fondos para la implementación de una política de educación sexual integral, en el 2008 la partida destinada a ESI fue de 725 mil pesos”, afirmaron y aseveraron que “el presupuesto sancionado para 2016 representó un escaso 0,0034% del presupuesto total del Ministerio de Educación. Como si esto fuese poco, en el transcurso del año se redujo la partida en un 79%, es decir, se quitó más de tres cuartas partes del dinero originalmente comprometido para la ESI”.

Sobre esa misma línea, explicaron que “ante la ausencia de una política pública que motorice la implementación de la Ley, las acciones en materia de educación sexual integral en las escuelas ocurren de manera asistemática y sin garantizar que sean aplicados los lineamientos básicos que establece la norma” y señalaron que “el Ministerio de Educación de la Ciudad dispone de fechas específicas para dictar talleres de ESI en las escuelas a través de la agenda educativa, pero el contenido de las jornadas queda a cargo de las escuelas -sin garantizar que su organización quede a cargo de personal con formación específica- y frecuentemente son dirigidos exclusivamente a las escuelas secundarias”.

“En consecuencia, muchas veces los contenidos tratados por las escuelas son reducidos a problemáticas concretas (como la violencia de género o la prevención de embarazos no deseados) y excluyen a una parte muy importante de los alumnos y alumnas. En el caso de las escuelas de gestión privada, la falta de supervisiones pedagógicas por parte del Ministerio de Educación habilita que cada institución pueda exacerbar su propio ideario, muchas veces incluso promoviendo la difusión de contenidos contrarios a la ley de educación sexual integral”, sentenciaron.

El documento lleva la firma de los diputados Carlos Tomada, Andrea Conde, Victoria Montenegro, Lorena Pokoik, Paula Penacca, Leandro Santoro, Mariano Recalde, Javier Andrade (UC), Juan Francisco Nosiglia, Patricia Vischi, Marcelo Guouman, Leandro Halperìn (Evolución), María Rosa Muiños, Santiago Roberto, Silvia Gottero y Claudio Heredia (BP).

También cuenta con el acompañemiento de la Secretaría de Géneros e Igualdad de Oportunidades de UTE; Secretaría de Derechos Humanos de SADOP Capital Federal; Fundación Huésped; Asociación Argentina de Educadoras Sexuales; Forum Infancias; Comisión de Educación del Parlamento de las Mujeres; Economía Feminista; Observatorio Contra el Acoso; Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud: Centro de Formación Profesional N° 24 de CABA; Secretaría de DDHH del Centro de Estudiantes del Joaquín V. González; Secretaría de Géneros del Centro de Estudiantes Terciarios del Federico Dickens; Secretaría de Mujer y Géneros del Centro de Estudiantes del ISTLyR; Familias por la Escuela Pública; Colectivo Pedagógico Conversaciones Necesarias; entre otros.