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Lunes 15 de octubre de 2018
OPINIÓN
El oficialismo y su Complejo Hospitalario Sur
Por Mario Reina. El comunero de Almagro y Boedo critica la decisión del gobierno de centralizar la salud en el sur de la ciudad a través de un decreto, y advierte sobre el recurrente uso de esta vía por parte del Ejecutivo.
21 de septiembre de 2018
Mientras desde los barrios trabajamos y militamos por una descentralización de salud pública y gratuita, para su libre acceso por parte de todas las vecinas y vecinos de nuestras comunas, el Gobierno de la Ciudad firmó el decreto 297/18 que dispone la creación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), Complejo Hospitalario Sur.

Esta decisión unilateral del ejecutivo establece que el Complejo Hospitalario Sur estará comprendido por el Hospital de Gastroenterología Carlos B. Udaondo (Comuna 4), el de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer (Comuna 4), el de Oncología Marie Curie (Comuna 6), el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (Comuna 13) y el Hospital de Infecciones Francisco Muñiz (Comuna 4), todos en el predio de éste último.

Además de no comprenderse el criterio (o tal vez sí, y no justamente sanitario), este Complejo contaría con 500 camas en total: 100 para críticos, 50 crónicos y 350 generales, lo que significaría capacidad para menos pacientes, ya que actualmente el conjunto de los cinco hospitales suman 665 camas.

Entre las diversas especulaciones que surgen rápidamente al leer el decreto (la fachada de una supuesta modernización que simularía un achicamiento de la salud pública y un negocio inmobiliario y de la salud privada), el punto en cuestión es la tentación y apelación al decreto por parte del Gobierno de la Ciudad, en un área clave de políticas de Estado como lo es la salud pública. No se puede ni se debe evitar la discusión y la participación de los actores que convergen en ella: profesionales, trabajadores, funcionarios, legisladores, comuneros, vecinas y vecinos.

Si bien el oficialismo apela con inusitada frecuencia a vetos y decretos, desde hace once años, está llegando el momento de poner coto a esta recurrente vía por parte del ejecutivo y, sobre todo, en cuestiones tan delicadas y sensibles como la salud pública, en tiempos de recesión inflacionaria que castiga a los sectores que justamente necesitan acceder a ella.

A esta altura de nuestra realidad resulta un sacrilegio degradar las instituciones democráticas. El cumplimiento de principios constitucionales y la participación en el debate democrático, no significan debilidad. Que no lo sea ante la visión hegemónica del oficialismo. Que no se encierre en sí mismo. Que no se quede en la retórica del diálogo, para luego no concretarlo en la realidad cotidiana.

El Estado debe garantizar una salud integral, gratuita y universal. Eso es democracia. Eso es justicia social.