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Sábado 20 de octubre de 2018
NOTICIAS
Obtuvo dictamen en el Senado un proyecto para regular el lobby
Con la presencia del secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, avanzó hacia el recinto la iniciativa sobre gestión de intereses. La base del proyecto es del senador Pichetto.
10 de octubre de 2018
Mientras en Diputados no pudo avanzar un proyecto del Poder Ejecutivo para regular el lobby y la gestión de intereses, en el Senado consiguieron emitir dictamen de un proyecto proveniente de la oposición.

Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, al que asistió el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, quien expuso sobre Gestión de Intereses y Regulación de Lobby.

El proyecto estuvo a punto de ser incluido en el temario para tratar este miércoles en el recinto, pero finalmente se postergó su inclusión.

El dictamen fue alcanzado este miércoles luego de varias reuniones celebradas por los senadores y asesores en torno a la regulación del lobby y la gestión de intereses, al cabo del cual se arribó a un texto que toma como base el proyecto de ley del senador Miguel Angel Pichetto, pero con una serie de modificaciones.

Según el borrador al que accedió parlamentario.com, se diferencia la actividad del lobby respecto a la gestión de intereses, principalmente en lo atinente a que la primera tiene carácter renumerada y la otra no. También incorpora al Poder Judicial como sujeto obligado con las salvedades que luego se exponen.

El proyecto incorpora como actos excluidos de regulación las acciones realizadas por un funcionario público “en un contexto de vinculación informal con los ciudadanos; las realizadas en el marco de un proceso o investigación judicial; la actividad jurisdiccional del Poder Judicial y de los entes que realizan esta actividad en el ámbito de los otros poderes y las auditorías o contralor realizada por los organismos de control.

Agrega que los lobistas deberán informar a sus clientes o representados de las obligaciones a las que están sujetos en virtud de esta ley.

Respecto a los funcionarios obligados a registrar las audiencias se incluye a “los magistrados judiciales, secretarios, miembros del Consejo de la Magistratura y Titulares del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, miembros del Jurado de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

El texto modifica lo relativo a la autoridad de aplicación: no será una Comisión Bicameral sino las autoridades encargadas del Régimen de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275).

En cuanto al régimen sancionatorio, se establece apercibimiento, suspensión, inhabilitación y multas hasta diez millones de pesos, siendo el procedimiento recursivo el previsto en la Ley 19. 549, de procedimientos administrativos.

Respecto a la vía recursiva creo conveniente su modificación y establecer un recurso directo ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, y darle al recurso carácter suspensivo. De lo contrario, la persona sancionada deberá pagar la multa (que puede ascender a diez millones de pesos) y luego seguir con el procedimiento impugnatorio.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el principio de “solve et repete” es constitucional siempre y cuando por el excesivo monto del depósito le fuera imposible al sancionado acceder a los mecanismos de impugnación; o si ella no tiene en cuenta la capacidad económica de la persona en cuestión.