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Jueves 15 de noviembre de 2018
ENTREVISTAS
“Ni el partido que está, ni el que quiere volver, hacen política para el ciudadano”
Activista en la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, el diputado mendocino José Luis Ramón se refirió a la polémica por la suba extra del gas que finalmente no fue. Además, aseguró que acompañará el Presupuesto 2019 pero lo calificó como “un desastre”.
22 de octubre de 2018
Por Melisa Jofré

Su triunfo en Mendoza, que le otorgó una banca en la Cámara de Diputados, desplazando del tercer puesto a la izquierda, fue una de las sorpresas de las elecciones legislativas de 2017. Sin embargo, José Luis Ramón no lo concibe como algo asombroso al recordar que “hace 24 años” es activista en su provincia.

Ejerciendo por primera vez un cargo público, el “diputado del poncho” sostiene que el trabajo en el Congreso es “pésimo”, porque “ni el partido que está, ni el que quiere volver, está tomando el concepto de hacer política para el ciudadano”.

En diálogo con Parlamentario, el fundador de la asociación “Protectora”, reconocida recientemente como partido, anticipó su voto al Presupuesto 2019, pero calificó al proyecto como “un desastre” ya que “hace recortes en todos aquellos lugares que son sensibles al ciudadano común”.

También se refiere a la polémica por el cobro extra del gas, que finalmente no fue, y critica la posición de los socios de Cambiemos y el presidente del Comité Nacional de la UCR y gobernador mendocino, Alfredo Cornejo.

- Usted presentó una de las primeras demandas contra la resolución 20/2018, hoy ya derogada, que establecía una suba extra en el gas. ¿Cuál es su reflexión sobre la medida del Gobierno y la posterior marcha atrás?

- Primeramente pienso que la economía necesita previsibilidad, confianza. Por lo tanto, este ir y venir de toma de decisiones no da para un sistema económico serio. Ellos tienen un problema muy serio: el verdadero problema es cómo se concibe la raíz de un servicio público. No tiene nada que ver con las decisiones, incluso las hechas para atrás. No podemos los ciudadanos comunes creer que lo que han hecho es algo bien hecho.

El concepto de la protección del usuario y consumidor no es un tema menor cuando se trata de la prestación de un servicio público. Los tres servicios base que se establecen en las constituciones de las provincias son la justicia-seguridad, la salud y la educación. Y después, como parte del desarrollo del bienestar general del preámbulo y de cada uno de los predicamentos de la Constitución, operativamente se plasma este principio a partir del año 1995. Todos los servicios públicos, que son cinco -la electricidad, el gas, el agua potable, el saneamiento y el transporte público- se incorporan a esos tres primeros objetivos del Estado, lo que significa que cuando el Estado presta esos servicios, o cuando resuelve concesionárselo a privados, no deja de ser un servicio público. Cuando se lo reconoce así deja de ser un bien de mercado. Y es muy clara la diferencia entre un bien de mercado y el servicio público.

El bien de mercado está en un régimen de competencia, hay otros, el usuario puede elegir. En cambio el servicio público se presta monopólicamente, no por una empresa, sino por un proveedor, cuya provisión del servicio tiene ciertas obligaciones que son establecidas constitucionalmente. Primero, que tiene que ser de acceso universal, prestarse con seguridad; que no afecte la salud; que se le respete el derecho a la información que tiene el usuario, cómo se le va a prestar, en qué manera se le va a cobrar, con anticipación; y por sobre todas las cosas el artículo 42 que establece el cuidado del interés económico del usuario.

El anterior y el actual gobierno, los dos adolecen de este tema conceptual, porque siempre los contratos de concesión fueron realizados por funcionarios en donde no daban participación a los usuarios, contratos celebrados a espaldas de los consumidores. La no participación ciudadana, la falta de transparencia, la ignorancia que tienen del derecho que tienen los usuarios y consumidores lleva a este hecho, a que aparezcan estas nuevas cosas que nos tratan de imponer, como pasó con la resolución 20/2018.

- La UCR, presidida por el gobernador de su provincia, fue impulsor de una propuesta que finalmente el Gobierno aceptó, ¿qué opina sobre esto?

- El partido radical, socio político de los que están gobernando, avalando el desastre de la resolución 20/2018 se comporta pesimamente. El presidente del radicalismo (Alfredo Cornejo), en el anterior problema, cuando fue el aumento espantoso del valor del gas, salió exitoso a decirle a los argentinos y especialmente a los mendocinos, que es donde él gobierna, que él había conseguido que lo podíamos pagar en tres cuotas con intereses. Eso es una barbaridad, porque no cuida el interés económico de los usuarios, está haciendo política barata y de mal sentido, a contramano de los principios que inspiran al radicalismo. Y ahorasalieron a decir que en vez de pagarlo los usuarios lo vamos a pagar todos los argentinos. No entiende nada de sus antecesores políticos.

- Desde su asociación “Protectora” viene trabajando en la defensa de usuarios y consumidores. ¿Qué logros recuerda?

- Así es, a mí me tocó ser activista, y hoy me siento un activista aunque sea diputado. Desde allí los mendocinos le hicimos sentir a la presidenta (Cristina) Fernández que ella estaba violentando el derecho de usuarios y consumidores en la prestación de gas en Mendoza, y desde el año 2008 la justicia federal de la provincia le puso freno al abuso de la empresa distribuidora de gas. Pero enel año 2016 se produce un hecho, que creo es histórico y que los funcionarios de este gobierno no lo tuvieron en cuenta. Hablo del fallo -en base a los expedientes de CEPIS, Stolbizer y Protectora- de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que terminó de resolver cualquier controversia y dijo que cuando hablemosde servicios públicos, éstos son un derecho humano, no son un bien de mercado; las empresas no son empresas sino proveedores, y el valor que debe tener la tarifa -un valor no un precio- tiene que estar adecuado al bolsillo del usuario y consumidor. Todo esto es transversal a cualquier partido político y en la medida que no se entiendavan a seguir estando estas discusiones.

- En su primer año como diputado, ¿cómo ve el trabajo en el Parlamento?

- Pésimo, pésimo. Hay algo que es transversal, que es el interés del cuidado del bolsillo de las familias. Ninguno de los partidos, el que está, el que quiere volver, ninguno de ellos está tomando en cuenta un concepto transcendental de la política, que es hacer política para el ciudadano. Y está visto que al no funcionar el Congreso, al no funcionar institucionalmente la vigencia de las leyes, son las consecuencias que los ciudadanos estamos pagando constantemente, la violencia, la seguridad, porque no hay inseguridad, lo que no hay son planes de seguridad, etcétera.

- ¿Acompañará el Presupuesto 2019?

- Todos los argentinos debemos necesariamente propender hacia a la aprobación de un presupuesto porque si no se aprobara los funcionarios pueden seguir utilizando el anterior sin control, de manera tal que bueno o malo nosotros tenemos la obligación de acompañar la aprobación legislativa. Ahora, el presupuesto es un desastre, hace recortes en todos aquellos lugares que son sensibles al ciudadano común, al de a pie, al tipo que se levanta a las seis de la mañana. Yo pedí que a las asociaciones de consumidores no se las puede dejar sin presupuesto, he pegado un grito fuerte, no sé si me darán atención. Tienen un rol muy importante y eso se viocuando pasó lo del gas.

- ¿Qué proyectos de su autoría espera se puedan tratar y aprobar?

- Estoy impulsando fuertemente uno que es la reglamentación de las acciones colectivas, que tenga que ver con la protección de los ciudadanos cuando una empresa, de manera masiva, afecta a las personas. El abuso al usuario común es salvaje, y esto va a permitir la utilización sana de la justicia para poner freno a las posiciones dominantes.

Otro es el del registro del automotor, que es una venta atada donde se acopla un negocio subsidiario de uno principal. El comercio es la compra-venta de vehículos y aparecen los registros éstos otorgados de manera prebendaria a personas que, en la sumatoria de lo que cuesta transferir, comprar, vender un vehículo, se llevan el nueve por ciento del valor del vehículo. Nuestro proyecto tiene como objetivo que lo que se cobre por transferirlo sea una tasa de servicio.

- ¿Qué proyecta desde “Protectora” de cara al año electoral que viene?

- Hace dos semanas hemos logrado el reconocimiento como partido político. Mi visión es que Protectora sea la nueva fuerza política que pueda gobernar Mendoza. No hay sorpresa en mi elección como diputado, son muchos años de trabajo, soy activista hace 24 años. En miras a 2019 es muy probable que tengamos que tener aliados de otros partidos, estamos abiertos. Pero estamos en el proceso de tener nuestras listas propias para todos los cargos.