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Domingo 26 de mayo de 2019
LEGISLATURA PORTEÑA
El kirchnerismo y PO criticaron por la imputación de los padres de los chicos que tomaron escuelas
Los diputados Gabriel Solano y Lorena Pokoik fustigaron al Gobierno porteño por la decisión y advirtieron que se trata de una forma “de perseguir y criminalizar la lucha de los estudiantes”.
13 de marzo de 2019
Luego de que en 2018 los estudiantes secundarios protagonizaran varias tomas de escuelas para exigir la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y mejoras edilicias, el fiscal Carlos Rolero Santurian imputó a 43 padres de los jóvenes que encabezaron esas protestas. La denuncia había sido impulsada por la Procuración del Gobierno de la Ciudad.

En ese sentido, la vicepresidenta de la Comisión de Educación y diputada de Unidad Ciudadana, Lorena Pokoik, manifestó que estas imputaciones “se dan en el marco de la criminalización de la protesta social que lleva adelante Macri en la Nación y Larreta en la Ciudad, vemos estas violencias en cada manifestación donde el Gobierno envía a la policía a las calles para reprimir” y remarcó que “no vamos a naturalizar estos atropellos, el distrito está en una situación de emergencia por la crisis social que nos toca vivir a los porteños”.

“Esta es una maniobra ilegal, antidemocrática y de amedrentamiento hacia la comunidad educativa, que valientemente hace uso de sus derecho ante las políticas de ajuste que toma este Gobierno en todas las áreas de la educación pública”, aseguró mientras que al mismo tiempo se solidarizó con las familias de los adolescentes y celebró “la valentía de estudiantes, padres, madres y autoridades educativas que luchan por el derecho social a la educación”.

Por su parte, el legislador del PO y miembro de esa misma Comisión, Gabriel Solano, rechazó la medida y consideró que es una forma “de perseguir y criminalizar la lucha de los estudiantes secundarios” y advirtió que se trata de “un salto en la política represiva del Gobierno de la Ciudad que vamos a enfrentar con movilización e impulsando la lucha educativa contra el desfinanciamiento y la privatización”.

“Rechazamos la idea de considerar que la familia funcione como un instrumento de represión y disciplinamiento contra los jóvenes y extorsionar a los padres para que castiguen a sus hijos”, señaló y sentenció que “la pelea en defensa de los derechos es el camino por el que se consiguen las cosas, tal como sucedió contra el cierre de las nocturnas o la conquista del edificio del Esea Rogelio Yrurtia. Vamos a impulsar una gran lucha de la comunidad educativa, con estudiantes, docentes y padres contra esta política”.