BUSCAR FACEBOOK TWITTER
Sábado 18 de enero de 2020
LEGISLATURAS PROVINCIALES
La Legislatura jujeña desestimó el juicio político al fiscal general y a miembros de Tribunal de Cuentas
Acusados por supuestos hechos de de incumplimiento en sus deberes de funcionarios públicos.
13 de noviembre de 2019
La sala acusadora conformada en la Legislatura jujeña para llevar adelante un juicio político contra fiscal general del Poder Judicial provincial y a tres integrantes del Tribunal de Cuentas desestimó las acusaciones de supuestos hechos de incumplimiento en sus deberes de funcionarios públicos.

De esta manera las denuncias vertidas contra Nora del Valle Millone Juncos, presidenta del Tribunal de Cuentas de Jujuy, y los miembros de la Vocalía Contable Sala II, Mariana Leonor Bernal y René Antonio Barrionuevo Lacour, y al fiscal general ante el Superior Tribunal de Justicia provincial, Alejandro Ficoseco, quedaron sin efecto.

“El examen de las actuaciones rendidas la sala acusadora de la Legislatura jujeña resolvió desestimar los juicios políticos tramitado en contra del fiscal general y tres miembros del máximo organismo de control provincial”, indicaron a Télam fuentes legislativas.

La denuncia contra los miembros del Tribunal de Cuentas refería una supuesta falta de control en actuaciones que tienen relación con lo que después se conoció como “Megacausa”, el expediente judicial que aún se investiga, y donde, entre otros, están acusados miembros de organizaciones sociales, exfuncionarios provinciales y diversos jefes comunales.

Con respecto al fiscal Ficoseco, la acusación estaba relacionada con la supuesta “falta de actuación”, respecto de los hechos de violencia en la Casa de Gobierno durante una protesta de organizaciones sociales y a “situaciones específicas ocurridas durante la gestión anterior, y la falta de presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción”.

La resolución emitida por los legisladores provinciales que integran la sala acusadora considera que es su deber “velar por el efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales, garantizar que se cumpla con el debido proceso y el ejercicio de derecho de defensa”.