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Jueves 14 de noviembre de 2019
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El Senado distinguió a dos militares prófugos de la Justicia por violación a los Derechos Humanos
La aprobación del reconocimiento a los "33 orientales" no hizo distinciones y reparó históricamen al ex teniente coronel Miguel Angel García Moreno y el ex coronel Carlos Sánchez Toranzo, quienes tienen causa pendiente por delitos de lesa humanidad.
21 de enero de 2008
En la anteúltima sesión del año, sin mayor debate, escribe el periodista Eduardo Tagliaferro en el matutino Página 12 que, luego de haber aprobado proyectos importantes y antes de tratar una larga lista de iniciativas, el Senado convirtió en ley una medida de reparación a un grupo de 33 oficiales del Ejército a los que se había dado de baja durante la dictadura militar y que fueron conocidos públicamente como “los 33 orientales”. Impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner, defendida en Diputados por el bonaerense Jorge Villaverde, la iniciativa fue presentada por el senador José Pampuro, como “una reparación a quienes fueron sancionados por el Proceso por no responder a las directivas de sus superiores”. El proyecto fue apoyado por los 56 senadores presentes. La mendocina Marita Perceval, al defender la propuesta, señaló que, tal como había dicho Kirchner cuando ascendió a los sancionados Martín Rico y Juan Jaime Cesio, “se trataba de una reparación y restitución de derechos para quienes fueron pasados a retiro por no someterse a la obediencia debida del genocidio”. Ese mismo 19 de diciembre, cuando los senadores votaron la medida, dos miembros de “los 33 orientales” debían explicaciones a la Justicia por causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos.

El ex teniente coronel Miguel Angel García Moreno se encuentra prófugo de la Justicia de Bahía Blanca por los crímenes de la Escuelita, el campo de concentración del V Cuerpo de Ejército. El ex coronel Carlos Sánchez Toranzo fue llamado a prestar declaración indagatoria por el fiscal de La Plata, Sergio Franco, en la causa que se sigue por los crímenes y torturas contra presos políticos en la Unidad 9 de La Plata.

En los pocos minutos que tuvo su exposición, Perceval desistió de leer el nombre de los 33 oficiales. Tan solo recordó que los unía su condición de peronistas. Algo que el repaso de esos nombres confirma. No pocos de ellos se agruparon alrededor de Carlos Grosso cuando éste estuvo al frente de la intendencia porteña. Luego de que el ex empleado del grupo Macri dejó la administración de la ciudad, muchos se alinearon en el FUP, del ex senador Eduardo Vaca, y después con el ex diputado del PJ porteño Miguel Angel Toma. El repaso de algunos nombres confirma que varios de esos militares se alinearon con Carlos Menem, primero, con Eduardo Duhalde posteriormente y ahora con Kirchner.

- García Moreno es reclamado judicialmente por el juez de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, como consignó este diario el lunes 14 de enero. Supo ser, además de asesor de Toma, diputado nacional, legislador porteño y director del Registro Nacional de las Personas durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Cuando pasó a retiro, en 1980, llevaba las insignias de mayor del Ejército. En julio del ‘76 fue destinado al departamento III de operaciones del V Cuerpo. Su legajo consigna que en marzo del ’77 fue condecorado por “haber continuado en combate luego de ser alcanzado por la onda expansiva de una granada lanzada desde una vivienda” en un operativo.

- Sánchez Toranzo tenía el grado de teniente coronel cuando fue pasado a retiro. Reportaba al titular del primer cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez Mason, y recorría los penales bonaerenses en los que estaban detenidos los presos políticos. “Te voy a decir la verdad, fueron fusilados en la primer semana de enero. Pero eso ya pasó, vos vas a salir”: ésa fue, según recordó Pablo Díaz, la respuesta que le dio Sánchez Toranzo cuando le preguntó por la suerte de quienes habían sido detenidos con él en el hecho conocido como La Noche de los Lápices. En un careo realizado por la Cámara Federal de La Plata, Sánchez Toranzo negó haber formulado esas afirmaciones. Admitió, sí, que sus informes de inteligencia eran evaluados por un plenario del Primer Cuerpo y que Suárez Mason lo había nombrado enlace con quienes se encontraban detenidos a disposición del PEN. En esos años, Sánchez Toranzo era un asiduo visitante de los penales bonaerenses. Por esos días, a algunos detenidos se les ofrecía firmar un papel en el que se manifestaran “arrepentidos” de haber pertenecido a alguna agrupación guerrillera como llave para su libertad. En esas recorridas trabó una fluida relación con Julio Mera Figueroa. Por eso no llamó la atención que cumpliera funciones en el Ministerio del Interior durante el menemismo.

- El mayor Mario Rossi fue durante mucho tiempo asesor de Toma en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. En 1993, era responsable de la planta que en Pilar tenía Fabricaciones Militares. Cuando comenzó a investigarse la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, el juez cordobés Edgardo Filippi puso en duda la afirmación de Fabricaciones Militares, bajo el mando de Luis Sarlenga, de haber traslado a Pilar e incinerado 238 toneladas de pólvora. Rossi, que aseguró no haber quemado esa pólvora que finalmente terminó en Croacia, nunca pudo ser hallado por el juez Filippi.

- Eduardo Luis D’Amico era mayor cuando pasó a retiro. Durante el menemismo fue director del Registro Nacional de las Personas. La empresa israelí Malam Systems, desplazada por Siemens en la concesión para fabricar documentos de identidad, había impugnado todo el procedimiento y denunció presiones de D’Amico y del ex director de Migraciones, Hugo Franco. Dedicado de lleno a la política en Hurlingham, los pagos de Juan José Alvarez, en el 2005 D`Amico apostó fuerte por el kirchnerismo. Enfrentó al duhaldismo encabezando las listas del Frente para la Victoria junto a Ester Barrionuevo, hermana del gastronómico Luis Barrionuevo.

- Julio César Sarmiento era teniente primero cuando recibió la baja en 1980. Se había graduado como subteniente en 1970 y en 1973 habría participado del denominado Operativo Dorrego, como se denominó a las tareas sociales que Montoneros y el Ejército Argentino realizaron en varias villas miseria. Al año siguiente egresó de la escuela de paracaidismo en Córdoba y en 1975, se incorporó a las tropas comandos que fueron a combatir al Ejército Revolucionario del Pueblo en Tucumán. El vínculo con Alberto Kohan en la Fepac le permitió en los ‘90 recalar en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante los mandatos de Juan Bautista Yofré, y luego con Hugo Anzorregui, Sarmiento fue delegado de la SIDE en París. Posteriormente fue director de la Ojota, como se conoce a la repartición encargada de las escuchas telefónicas en la central de inteligencia. En mayo del 2004 el entonces ministro de Defensa José Pampuro se presentó de improviso en una cena cívico-militar que se realizaba en el Regimiento de Patricios en Palermo. El Gobierno sospechaba que allí estaba naciendo una conspiración. Sarmiento era uno de los comensales.

Muchas y diferentes son las historias que están detrás de los 33 oficiales dados de baja en 1980. Aunque casi todos ellos son peronistas, no todos son semejantes. Antes de votar la ley de reparación en la anteúltima sesión del 2007, los senadores no recurrieron al peine fino que les habría permitido separar a unos de otros en un grupo heterogéneo de oficiales, que además de embanderarse con Juan Domingo Perón, lo único que tienen en común es haber sido dados de baja en 1980.

Fuente: Página 12