El diputado nacional socialista Miguel Barrios planteó en el Congreso una idea concreta para que algo de las retenciones a las exportaciones agropecuarias vuelva a la provincia que más granos produce; propuso que ese dinero que concentra el Estado Nacional sirva para indemnizar a los inundados de abril y mayo de 2003 en la capital santafesina y otros departamentos de la provincia.

En su propuesta, Barrios toma en cuenta que, tal y como lo reconocieron diversas entidades que conforman la Mesa Agroforestal Santafesina el desborde del Río Saladofue un fenómeno multicausal y estuvo determinado, entre otros aspectos, por el desmonte en las nacientes de ese curso de agua para cultivar soja.

Desde ese punto de vista, el legislador socialista santafesino retoma un proyecto del ex diputado nacional Eduardo Di Pollina (hoy presidente de la Legislatura santafesina) que en su momento fuera acompańado por diez diputados de diversos bloques políticos.

Barrios considera que “reeditar este proyecto significa continuar una propuesta política que tiende a dar cumplimiento a las obligaciones indelegables del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que por su ausencia, provocaron la vulneración y pérdida de derechos fundamentales”.

El argumento central es que “si el Estado nacional se apropia a través de las retenciones agropecuarias de un porcentaje de la producción de soja, es razonable que aporte lo que resulte menester para resarcir integralmente a los damnificados, quienes no han podido recuperarse a cinco ańos de la catástrofe y consideran que la ayuda dada por el gobierno provincial fue un paliativo insuficiente”.

En efecto, Barrios postula que se establezca un beneficio extraordinario a los damnificados de los departamentos Garay, General López, La Capital, Nueve de Julio, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Justo y Vera, que la provincia de Santa Fe haya legitimado como tales.

La iniciativa parlamentaria prevé una indemnización de $ 224.000 pesos para los casos de muerte y desaparición de personas y entre $ 15.000 y 100.000 para atender los dańos materiales y morales sufridos con motivo de la catástrofe hídrica.

Vale aclarar que del monto del resarcimiento determinado se debitarán los importes que el beneficiario haya percibido de la autoridad de aplicación santafesina. El remanente, si lo hubiere, se financiará con un fondo especial a crearse por el Poder Ejecutivo, constituido por los ingresos de las retenciones.

Asimismo, Barrios impulsa la suspensión de las ejecuciones judiciales contra los legitimados como beneficiarios, hasta diez días hábiles posteriores al cobro efectivo de las indemnizaciones.