A partir de este martes entra en vigencia en la ciudad de Buenos Aires la ley que obliga a las empresas que prestan servicios, públicos o privados, a poseer una línea gratuita 0800 para usuarios y atención telefónica personalizada mediante un operador.

La norma impulsada por la legisladora porteña Liliana Parada, del bloque Igualdad Social, prevé sanciones con multas que van desde los 100 hasta los 5 millones de pesos para las prestadoras que no cumplan con este requisito.

También pueden ser pasibles de clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días, cesación de hasta 5 años en el registro de proveedores que posibilita contratar con el Estado, y pérdida de concesiones y privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales que tuviera la empresa.

"Lo importante de la norma es que el consumidor se encuentre protegido cuando ante determinadas dudas o reclamos a una empresa que presta servicios públicos o privados o a un ente de control en la Ciudad de Buenos Aires, reciba atención inmediata y no tenga que soportar esos anodinos contestadores automáticos manteniéndolo en la línea durante interminables minutos", expresó Parada.

La ley obliga a las compañías a tener operadores que evacuen de forma personalizada las consultas o reclamos de los usuarios y consumidores, y exige además que esa opción sea la primera del menú en el contestador telefónico.

Parada recordó que las prestadoras de servicios deberán "dar publicidad de esa línea gratuita y del correo electrónico en las facturas y portales de Internet que poseen y si el reclamo se hiciese vía correo electrónico, la duda deberá ser evacuada dentro de los 15 días".