La diputada nacional Nora Ginzburg solicitó el repudio de la Cámara baja y expresó su “profunda preocupación” ante las detenciones de 8 ruralistas realizadas a solicitud del fiscal Murray, debido a su participación en una manifestación pública del 30 de mayo.

La titular del Frente por los Derechos Ciudadanos afirmó en su proyecto de declaración que está “absolutamente convencida de que los cortes de carreteras, caminos o bloqueos de puentes se tratan de medios ilegítimos” para ejercer el derecho de peticionar amparado en el Art. 14 de la Constitución, pero advirtió la diferenciada intervención de la justicia en un caso como éste “mientras que en otros de mayor o igual trascendencia, el tratamiento dado ha sido de la total permisividad”.

En sus fundamentos la legisladora destaca que en los casos del Puente Pueyrredón, en Iguazú o durante el conflicto de Botnia en Entre Ríos “ningún piquetero fue detenido”.

“El Poder Ejecutivo no tiene facultades para determinar, selectivamente, a quién se persigue y a quién no, salvo en los casos del indulto establecido por ley”, puntualizó la legisladora.

“Diferenciar entre a quiénes aplicar o no la justicia, es una discriminación que puede entenderse a su vez, como una persecución judicial con fines políticos. Sabido es que la aplicación de la ley debe ser hecha sin alternancias ni diferenciaciones. Caso contrario, se convierte en un instrumento absurdamente represivo, insensato e inválido”, concluyó Ginzburg.