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Lunes 15 de julio de 2019
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Objetan la derogación de la ley de Subversión Económica
El trámite parlamentario que permitió la derogación de la Ley de Subversión Económica fue cuestionado ante la Justicia federal por tres abogados, quienes reclamaron la nulidad de la votación en la Cámara de Senadores.
4 de junio de 2002
Los letrados, en las distintas presentaciones, mencionaron que para derogar la norma fue necesario que el presidente del cuerpo, el cordobés Juan Carlos Maqueda, realizara un doble voto para quebrar el empate. El argumento utilizado por los letrados fue que, al ser presidente provisional del cuerpo, Maqueda debería votar sólo en caso de empate y no en el primer sufragio nominal que arrojó un empate en 34.

Las presentaciones fueron realizadas por los abogados Juan Carlos Iglesias y Pedro Horacio Prada Errecart, quienes aludieron el artículo 57 de la Constitución Nacional, que señala que el presidente del Senado "no tendrá voto sino en caso que haya empate".

En el caso de Iglesias, la presentación fue realizada contra Maqueda e Isidori, por los presuntos delitos de "falsedad ideológica", "traición a la Patria" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Este abogado consideró "fraudulento" el voto de Maqueda que desempató la votación de la derogación de la Ley de Subversión Económica con el argumento de que el artículo 57 de la Constitución Nacional "dispone que el vicepresidente de la Nación será presidente del Senado pero no tendrá voto sino en el caso de que haya empate en la votación".

En este sentido, el denunciante aseguró que en la sesión del jueves pasado, Maqueda "votó en la sesión, por primera vez, sin tener en cuenta que le estaba vedado hacerlo". Sin embargo, luego del reñido debate que se dio en el recinto del Senado el jueves pasado, el cuerpo procedió a la votación de la derogación de la Ley de Subversión Económica en una elección que resultó empatada en 34 sufragios.

En este marco fue el que el presidente de la Cámara alta, el cordobés Maqueda, procedió entonces a emitir su voto, con lo cual la balanza quedó definida por el lado de la derogación dado que, con su respaldo, la votación resultó 35 a 34.

"Esta conducta del voto fraudulento tiene un claro sentido: menoscabar la independencia e integridad de la Nación", afirmó el denunciante en uno de los párrafos de las cinco carillas del escrito que presentó ante el juez federal Norberto Oyarbide.

En este marco, el gobernador rionegrino, Pablo Verani, afirmó que los integrantes de la UCR que lo critican por haber propiciado la derogación de la Ley de Subversión Económica son "cuatro calzonudos" que conforman "el eterno radicalismo perdedor".

"A mí no me van a expulsar de la Unión Cívica Radical", enfatizó Verani, quien justificó su apoyo a la postura del Gobierno nacional, al advertir que él no es "un falluto". Además, el gobernador rionegrino criticó a los integrantes de su partido a quienes "los absorbe el Obelisco, los encandilan las luces del centro y se olvidan de dónde vienen".

De esa manera, Verani salió al cruce de las críticas de un grupo de dirigentes radicales que reclamó su expulsión del partido, luego de que la semana pasada ordenara a una senadora de su provincia abstenerse de votar en una sesión y avalar de esa forma que fuera derogada la Ley de Subversión Económica.

Respecto a la senadora en cuestión, el Foro de Mujeres Políticas de Bariloche y el Sindicato de Trabajadores de la Justicia Rionegrina (Sitrajur) repudiaron públicamente la decisión de Amanda Isidori de retirarse del recinto el jueves pasado. En este sentido, el Foro de Mujeres Políticas consideró que Isidori tuvo un "accionar troyano", ya que "su obediencia debida a los dictados de su 'progenitor' (por el gobernador Pablo Verani) no se compadece con la representación que el pueblo rionegrino le otorgó con su voto el 14 de octubre de 2001".

Por ello, le reclamó a la senadora que renuncie a su banca y a la presidencia del Consejo Provincial de la Mujer, cargo que también ocupa Isidori.

En tanto, el Sitrajur consideró que Isidori está entre los dirigentes que "carecen de raciocinio para interpretar lo que está sucediendo" y que también es de "los mediocres sin capacidad para legislar".

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Matzkin calificó de "incomprensible" la actitud adoptada por algunos sectores del radicalismo que cuestionaron al gobernador de Río Negro, Pablo Verani, por haber pedido a la senadora Amanda Isidori que se retirara del recinto para que pudiera prosperar la derogación de la Ley de Subversión Económica.

Matzkin rechazó las acusaciones contra Verani que formularon algunos dirigentes de la UCR, que pidieron la expulsión del partido del mandatario, y sostuvo que el gobernador de Río Negro "lo único que hizo fue cumplir con su palabra y la firma empeñada".

Para concluir, el senador nacional por La Rioja Jorge Yoma denunció "amenazas de represalias" de sus pares justicialistas por haber "votado en contra" de la derogación de la Ley de Subversión Económica, pero justificó la utilización del avión sanitario de Santa Cruz para traer a un senador de Corrientes para apoyar a la oposición.

"Las amenazas eran sobre posibles expulsiones, catástrofes y una serie de cosas que no tienen importancia", señaló el senador Jorge Yoma, al denunciar las presiones que recibió por votar contra la derogación de la Ley de Subversión Económica.

Yoma defendió la decisión de los senadores justicialistas disidentes de utilizar el avión sanitario de la provincia de Santa Cruz para trasladar al senador Lorenzo Chiape, para votar contra la norma. El legislador riojano consideró a ese hecho como "moneda corriente cuando hay una ley que le interesa votar al Gobierno nacional".

Yoma comentó que "hubo también una secuencia de actos protagonizados por legisladores oficialistas, como fue la presión para conseguir la voluntad de algunos compañeros de distintos sectores, tanto del gobierno como del grupo parlamentario Justicialista".