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Martes 16 de julio de 2019
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Denuncia penal contra el secretario de Transporte
El radicalismo cumplió con su anticipo y sus legisladores presentaron formalmente la acción judicial que promoverán contra Ricardo Jaime por la situación que atraviesa Aerolíneas Argentinas. Proyecto alternativo para AA.
12 de agosto de 2008
Los legisladores radicales presentaron en su sede partidaria la denuncia judicial que tramitarán en las próximas horas contra Ricardo Jaime.

Lo hicieron en el marco de una conferencia de prensa que realizaron en el Comité Nacional de la UCR, encabezado por su titular, el senador Gerardo morales, quien llevó la voz cantante emprendiéndola obviamente contra el secretario de Transporte.

"Jaime miente cuando dice que el Estado Nacional no se hará cargo de las deudas", dijo el senador jujeño en referencia a la empresa Aerolíneas Argentinas, con relación a un acuerdo que el Gobierno firmó en mayo pasado con Marsans, que implicaría lo contrario. Señaló el legislador que la línea aérea "está en cesación de pago, es una caja de Pandora, y no sabemos cuando vamos a tener que poner los argentinos".

Morales recordó que ya el Estado concurrió en auxilio de esa compañía con 200 millones de pesos entre el 1 de julio y el 6 de agosto pasado para sostener sus operaciones.

La acción judicial contra el funcionario nacional es por supuesto "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos".

Asimismo, el radicalismo presentó un proyecto alternativo sobre Aerolíneas Argentinas, en el que sugieren la creación de una línea nueva que absorba a los trabajadores de Aerolíneas respetándoles la antigüedad y convenios colectivos, y la expropiación de los activos físicos de Aerolíneas y Austral.

La nueva empresa no se haría cargo así de las deudas de Aerolíneas, y estaría "transitoriamente" a cargo del Estado, hasta tanto pueda conseguirse un "socio internacional". En tal sentido, Morales habló de la venta de una participación accionaria del 40 por ciento, y en una segunda etapa extenderla hasta el 95 por ciento.

El Estado tendría el cinco por ciento de las acciones y conservaría la "acción de oro", que le otorgará el poder de veto.