La Asociación Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA) le presentó al vicepresidente Julio Cobos un documento solicitando que el Gobierno nacional se expida en contra de la “Directiva de Retorno”, firmada recientemente por los 27 países de la Unión Europea. La misma busca reglamentar y legalizar la expulsión de migrantes en situación de irregularidad o falta de documentación.

Luego del encuentro con Cobos, la presidenta de AMUMRA, Natividad Obeso señaló que “el vicepresidente se comprometió a derivar esta documentación que le presentamos a las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías, al INADI y a la Secretaría de Derechos Humanos. Esperemos que esta reunión sea fructífera para todos los argentinos que se encuentran en el exterior y que Argentina de un ejemplo como lo da con su política migratoria”.

Por su parte, la asesora legal de la organización, Paula Sonnenfeld sopesó la importancia del tema diciendo que “según la última estadística oficial, en España hay más de cien mil argentinos en situación de indocumentación”.

Asimismo, el vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Horacio Ravenna explicó la gravedad de la aplicación de la “Directiva de Retorno” en la Unión Europea comentando que “a partir de la falta de documentación o de haber excedido el tiempo de visa por turista los ciudadanos pueden ser expulsados o detenidos. En general hay pocas formas de defenderse y además tampoco hay una judicialización, sino que es un trámite administrativo en manos de las áreas de Migraciones de los distintos países”.

“Esto genera mucha preocupación porque es violatorio de una amplia normativa internacional sobre derechos humanos, tiene que ver con el libre tránsito, con el derecho de elegir donde uno puede vivir y otro riesgo que existe es la posibilidad de devolución de personas con problemas políticos en sus países”, explicó Ravenna y enfatizó “nos interesa que exista una política desde nuestro país acorde a las que están tomando otros países en la región, una política firme de protección de los ciudadanos argentinos en el exterior y de reclamo para la derogación de esta normativa”.