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Jueves 28 de agosto de 2014
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Diputado opositor celebra la decisión del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad
El legislador del SI Emilio García Méndez aseguró: “Celebramos que aunque sea en el peor momento, el Gobierno haya dado luz verde para tratar el tema”. El diputado posee un proyecto de ley sobre Responsabilidad penal juvenil que consiste en subir la imputabilidad de los 16 años actuales para los 18, y en establecer un tipo de responsabilidad penal diferenciada respecto de los adultos, entre los 14 y los 18 años.
17 de abril de 2009
Ante la noticia que el Gobierno nacional enviará un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores, el diputado del bloque Solidaridad e Igualdad (SÍ), Emilio García Méndez, celebró la decisión aunque opinó que es “el peor momento, en el medio de una coyuntura electoral y de alteración pública, el Gobierno haya dado luz verde a sus diputados para tratar el tema”.

El diputado resaltó que “vamos a trabajar intensamente en este debate que venimos intentando plantear hace ya mucho tiempo sin éxito. Desconfiamos de la postura de Zaffaroni, porque es el mismo juez que en el mes de diciembre pasado convalidó, con su rechazo al fallo de la Cámara Nacional de Casación, un decreto de la dictadura militar -el 22.278-. Estamos convencidos que el Dr. Zaffaroni debe explicaciones al Congreso por este fallo de la Corte”.

García Méndez, es autor de un proyecto sobre Responsabilidad penal juvenil que consiste en subir la imputabilidad de los 16 años actuales para los 18, y en establecer un tipo de responsabilidad penal diferenciada respecto de los adultos, entre los 14 y los 18 años.

Además busca que la privación de libertad sea la excepción, y la permite solamente para delitos graves, taxativamente identificados, estableciéndose todas las garantías del debido proceso, más las propias de la condición juvenil. Así, se prevé una privación de libertad máxima de 5 años para la franja etarea de 16 a 17 años, y de 3 años, para la franja de 14 y 15 años. El centro lo ocupan las medidas no privativas de libertad, con alto contenido pedagógico, como la prestación de servicios a la comunidad, perfectamente aplicable a prácticamente el 80% de los delitos que cometen los menores de edad (delitos contra la propiedad, destrucción de la cosa pública, entre otros).