La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunirá el miércoles para tratar una serie de proyectos de ley impulsados desde distintos bloques para fijar causales para inhabilitar por razones éticas a candidatos a cargos electivos.

La convocatoria fue realizada por la presidencia de la comisión, a cargo de Graciela Camaño, para abordar nueve expedientes para evitar a futuro situaciones como las que afrontó la Cámara cuando bloqueó la jura como diputados de Antonio Domingo Bussi y Luis Patti por su actuación durante la última dictadura militar.

De todos modos, dada la proximidad de las elecciones legislativas del 28 de junio, de sancionarse finalmente la ley recién entraría a regir en los próximos comicios.

El tratamiento de las incompatibilidades éticas para ser candidatos se inició el año pasado con dos jornadas de consultas que realizó la comisión a dirigentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la Secretaría de Derechos Humanos y al constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra, entre otros.

Luego, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), que se alejó en el último tiempo del kirchnerismo, presentó un proyecto acompañada por legisladores de distintos bloques -incluido el oficialismo- que recogió planteos escuchados en la audiencia.

El proyecto modifica el artículo 33 bis de Capítulo IV, Título II de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para disponer que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos ni ser designados para ejercer cargos partidarios a perpetuidad las personas condenadas judicialmente por delitos vinculados a la desaparición forzada de personas.

También indica que tendrán inhabilitación legal para ser candidatos quienes hayan sido condenados por los delitos de robo, defraudación, estafa, malversación de fondos públicos o privados y falsificación de instrumentos públicos o privados.

A su vez, se incluye en la prohibición para ser candidatos a las personas que hayan "usurpado cargos electivos" durante gobiernos de facto, hayan ejercido cargos de ministro, secretario, subsecretario, embajadores, director nacional, jefe de Fuerzas de Seguridad federales o provinciales entre el 24 de marzo de 1976 y 10 de diciembre de 1983.

El proyecto dispone que “no será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos” y obliga a los partidos a presentar, junto con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos y el último domicilio electoral.

Hay otros proyectos que también apuntan a establecer incompatibilidades tanto para ejercer cargos políticos como para ser funcionario del Estado.

Entre éstos hay iniciativas de la diputada radical Silvana Giudici; el socialista Miguel Ángel Barrios, Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), el justicialista Jorge Landau, el reutemannista Ariel Dalla Fontana y otro de la kirchnerista Nora César.

Cabe destacar que Graciela Camaño todavía integra el bloque del Frente para la Victoria y si bien apoyó el adelanto de las elecciones, está distanciada del kirchnerismo.