José Machaín, consejero que representa al Parlamento porteño en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y cuyo pliego fuera avalado por el FpV para integrar el mismo, expresó en el parte difundido que “el viernes 15 de mayo se debía concluir lo dispuesto por la Justicia que ordenaba la reubicación de los niños internados en el Hogar San José Obrero (instituto que dependía de la fundación Felices los Niños, que presidía el cura Julio César Grassi), a fin de lograr cumplir con la formación y contención física y emocional de los niños”.

Señala el funcionario además que “que esta medida judicial no se origina por el capricho de funcionarios burocráticos, sino que es resultado de un proceso que se inicia con la denuncia de un Obispo Católico por el intento de suicidio de un niño de 8 años”.

Esto llevó –informa Machaín- a que la Justicia disponga la intervención del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) de la Ciudad para que realice un intervención y evaluación de las condiciones en que se desarrollan las actividades en dicho Hogar y del estado de los chicos.

Según manifiesta Machaín, el Informe Final del CDNNyA del 2 de marzo último, “es lapidario, al constatar que esa Institución incurre en vulneración de Derechos desde diversos aspectos, como son los referentes a la salud, emocional, fortalecimiento familiar, educación, integración social, identidad, estructura edilicia e identidad.

Finalmente Machaín expresa en su comunicado que, “los hechos vividos por los chicos en la noche del último viernes y que aun viven, no debieran ocurrir si la Dirección Ejecutiva del CDNNyA y el Ministerio de Desarrollo Social hubieran procedido a realizar la manda de la justicia: la relocalización de los chicos porque en ese lugar no estaban dadas las condiciones para que estos permanezcan”.