El anteproyecto de la nueva ley de drogas, cuyo tratamiento sería postergado para después de los comicios del 28 de junio, establece tres órdenes en cuanto a la "tenencia de estupefacientes".

El primero, no punible, es el destinado al consumo personal. El segundo, y polémico, se trata de la "tenencia neutral" y se daría en los casos "donde no se puede probar si es para consumo personal o para revender en un acto preparatorio del tráfico". No queda claro cuáles son las cantidades que diferencian a esta categoría y las penas son exarcelables, de entre 1 y 3 años.

El tercer caso se trata de la tenencia con "destino de tráfico", con penas de entre 3 y 10 años de cárcel. Esto incluiría transporte, almacenamiento y comercio.

La nueva norma es más flexible y benévola con los eslabones más débiles de la cadena del tráfico y prevé penas más duras para los "capos", diferenciando también entre drogas blandas y duras, según un reporte del diario Crítica que publica Infobae.com.

En el primer grupo se encuentra la marihuana y sus derivados, con penas entres 6 y 15 años para los que trafiquen, mientras que en el otro están la cocaína, el LSD y la mentanfetamina, entre otros. Para estos, las penas irían de entre 8 y 20 años.

En tanto, la nueva ley busca también agregar una norma que castigue a los funcionarios judiciales, oficiales o de una fuerza de seguridad que aparezcan involucrados con duras penas de entre 8 y 20 años.

El proyecto elaborado por un comité de juristas y académicos seguiría el modelo chileno y uruguayo, y no el holandés, y pretende también reglamentar comunidades terapeúticas y granjas, además de controlar el comercio de precursores químicos.