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Jueves 21 de noviembre de 2019
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Decreto de Macri despertó polémica y rechazos
La oposición porteña se opone fuertemente a la disposición del gobierno porteño que avanza sobre los hábitos de los empleados del sector privado.
18 de julio de 2009
Diputados de la ciudad de Buenos aires consideran que el decreto emitido por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que crea un registro on line de empleadores significa lisa y llanamente una “violación a las garantías constitucionales”.

Recordemos que la disposición oficial establece que las empresas privadas que cumplan actividades para la Ciudad de Buenos Aires informen sobre una serie de datos que tienen que ver sobre la vida privada de sus trabajadores.

Tales datos, que deberían ser entregados antes del 30 de septiembre, establecen el rango de instrucción del empleado, como así también preguntas sobre posibles problemas de tabaquismo, alcoholismo, drogas o adicción al juego. Aunque en este último caso se informó que habría marcha atrás oficial en la materia.

Para la oposición, el registro es "violatorio del derecho a la intimidad de las personas" empleadas y que el ese requerimiento significa una "vulneración de las garantías y los derechos individuales".

Para el titular del bloque kirchnerista de la Legislatura, Diego Kravetz, Macri estaría violando “la Ley Nacional y local de Hábeas Data, porque siendo datos sensibles de una persona y sin pedir al empleado autorización, quieren circularlo a terceros, en este caso al Gobierno de la Ciudad".

A juicio del legislador del FpV, "se están vulnerando las garantías y los derechos individuales de las porteñas y los porteños porque en lugar de hacer hincapié en políticas preventivas de adicciones lo están haciendo con fines persecutorios con el único objetivo de llenar planillas sin ninguna acción concreta de cuidado y asistencia del trabajador".

Desde otro sector de la oposición, Alejandro Rabinovich, de Autonomía con Igualdad, "el Estado no puede, de ninguna manera, exigirle a las empresas que le brinden datos de la vida privada de sus empleados”, y a punto que "no existe ningún motivo lógico que explique por qué se les pide a las empresas que den información sobre cuántos empleados sufren algún tipo de adicción; e incluso se podría decir que esta demanda del Poder Ejecutivo es inconstitucional"