La designación de un Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires salda una deuda política e institucional que los poderes del Estado tenían con el pueblo de la Provincia.

La institución del Defensor del Pueblo de la Provincia fue establecida por la Reforma Constitucional del año 1994.

Es un cargo de importancia por tanto quien lo desempeñe articulará, en nombre de los ciudadanos de la Provincia y ante los poderes del Estado, todas las defensas posibles en salvaguarda de los derechos adquiridos. Lo hará con el firme propósito de impedir la vulneración de los mismos.

Una vez designado, el Defensor desempeñará su cargo por 5 años. Se evita así un correlato con el mandato otorgado electivamente al Poder Ejecutivo.

La misión del Defensor es la defensa de los derechos y garantías que otorga a los boanerenses el texto constitucional. Para dar cumplimiento a tal cometido, cuenta con independencia política y funcional. Así, actuará conforme con lo normado en artículo 55 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que incorpora a su figura como “defensora de los derechos individuales y colectivos de los habitantes en caso de acciones u omisiones provenientes de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas el Estado".

Dentro de su labor, se encuentra también la supervisión respecto de la eficacia de la prestación de los servicios públicos, estén estos a cargo de la Provincia, de empresas del Estado o concesionarios, asegurando la prevalencia del interés ciudadano por sobre todo otro aspecto.

Durante el período legislativo 2009, la legislatura provincial trabajó arduamente en la selección y posterior nominación de los aspirantes al cargo de Defensor. En esta tarea, me cupo el honor de ejercer la vicepresidencia de la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo, destacando que la tarea significó largas jornadas de trabajo legislativo.

La tarea se enfocó en la definición de las condiciones profesionales y personales de la persona que pudiese articular en el desempeño de su labor, una adecuada vocación de servicio publico, y con la debida autonomía política en sus decisiones.

De ello, resultó la legitimación parlamentaria producto de las negociaciones y el consenso de los distintos actores legislativos, entre quienes primó la voluntad de instituir el cargo por sobre toda clase de interés político-partidarios.

Así, en diciembre de 2009 se procedió a la designación de Carlos Bonicatto, quien por la diversidad de funciones desempeñadas hasta el presente, ha demostrado esfuerzo y dedicación en la búsqueda de soluciones técnicas y de carácter legislativo, sea en problemáticas civiles, sociales e institucionales dentro del ámbito de la Provincia. Su actuación valida sobradamente su capacidad para el ejercicio del cargo.

La puesta en marcha de la Defensoría del Pueblo constituye un importante paso hacia la consolidación y defensa de los derechos individuales de los bonaerenses. Siendo éste el primero de un largo camino sobre el cual avanzamos como sociedad organizada.


Marta Helguero
Diputada bonaerense del FpV/PJ