Luego del fallido intento de emitir despacho de mayoría en la Comisión de Presupuesto sobre un proyecto de resolución que declara la nulidad del DNU 298, la oposición continúa el trámite legislativo y citó a un plenario de las otras dos comisiones que restan para que la iniciativa llegue al recinto de la Cámara baja.

Por lo tanto, este martes a las 15 se reunirán las comisiones de Asuntos Constitucionales – (Graciela Camaño; Peronismo Federal)- y de Finanzas (Alfonso Prat Gay; CC), en un plenario en donde ambas comisiones son presididas por diputados de la oposición.

Desde el kirchnerismo, no tienen esperanzas y piensan que la oposición firmará dictamen de mayoría.

El primer debate en la Comisión de Presupuesto

Tras el fallo judicial que abortó la sesión en la cual los diputados opositores pretendía declarar la nulidad del decreto por necesidad y urgencia que habilita el pago de la deuda pública con reservas del Banco Central, se debatió en la Comisión de Presupuesto proyectos de ley y de resolución que declaran la nulidad del DNU 298.

A pesar de que el oficialismo pretendía dilatar los tiempos, la oposición, imitando al kirchnerismo, firmó el dictamen del proyecto de resolución de Elisa Carrió mientras se discutía en la comisión que conduce el santafesino oficialista Gustavo Marconato.

Los pasos a seguir para el dictamen del proyecto de resolución es el giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Finanzas. Y si bien este jueves al termino de la reunión la oposición no consiguió las 25 firmas, sólo le faltan 6 firmas para obtener dictamen de mayoría lo que lo logrará en los próximos días.

Por lo tanto, según Marconato explicó a Parlamentario.com, el despacho era de minoría porque le faltan seis firmas y luego tiene que pasar a otras comisiones que son lideradas por diputados opositores.

El despacho de comisión firmado se basó en un proyecto de resolución de la líder de la Coalición Cívica (94-D-2010), lo que causó la chicana del diputado oficialista Jorge Yoma, quien ironizó: “por qué no hacen un comunicado de prensa para anular un derecho constitucional”. “Esto es nada más que un instrumento político”, consideró Marconato.