El senador nacional Samuel Cabanchik presentó un proyecto de comunicación en el que le solicita al Poder Ejecutivo “la remisión, con carácter urgente, de toda la información vinculada a los gastos totales realizados en propaganda y publicidad oficial por el Sector Público Nacional, en el segundo semestre de 2009”.
Cabanchik pide, a través de su iniciativa, que también se especifique la “cantidad y monto de las contrataciones de bienes y servicios celebradas para la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación, discriminando los organismos públicos que han contratado por intermedio del Jefe de Gabinete de Ministros, conforme lo dispuesto por los Decretos 984/2009 y 1247/2009”.
El legislador plantea que “la información que se difundió durante años puede haber molestado al poder, pero este no la puede ocultar sin violar derechos que se encuentran protegidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional, en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
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