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Viernes 28 de noviembre de 2014
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Una causa parada durante tres años
La causa por el presunto pago de coimas a senadores para impulsar la sanción de la ley de Reforma Laboral en el 2000 había quedado paralizada hace tres años cuando el ex juez Carlos Liporaci -en ese momento a cargo de la investigación- dictó la falta de mérito de once legisladores y dos secretarios parlamentarios.
15 de diciembre de 2003
El 29 de diciembre de 2000 Liporaci le dio el golpe de gracia a la investigación iniciada el 22 de agosto de ese mismo año, al considerar que no había pruebas suficientes para procesar a los entonces senadores Emilio Cantarero, Remo Costanzo, Angel Pardo, Eduardo Bauzá, Augusto Alasino, Javier Meneghini, Ricardo Branda, Ramón Ortega, Alberto Tell, Raúl Galván y Alcides López. También fueron beneficiados por esa medida los secretarios parlamentarios Pontaquarto y Martín Fraga Mancini quien junto a los senadores se encontraban imputados del delito de "cohecho".

En esa misma resolución, el ex juez, a pedido de los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler, resolvió avanzar sobre la posibilidad de que se hubieran pagado coimas desde el Gobierno a cargo del ex presidente Fernando de la Rúa y ordenó las indagatorias del ex titular de la SIDE, Fernando De Santibañes y el ex titular del Ministerio de Trabajo, Alberto Flamarique.

Sin embargo, esas declaraciones nunca se llevaron adelante porque Liporaci renunció a la magistratura dos meses después jaqueado por un pedido de juicio político en su contra, y el nuevo juez de la causa Gabriel Cavallo suspendió las indagatorias tiempo después.

Finalmente la causa quedó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral -cuando Cavallo ascendió a camarista- amagó varias veces con sobreseer a los senadores y archivar la causa dado que entonces no se pudo probar la existencia de los sobornos.

En los últimos tiempos, la declaración del espía de la SIDE Isaac García prometió dar un nuevo impulso a la causa, pero los datos sobre la compra de celulares a través de una empresa pantalla que habrían sido utilizados para negociar los sobornos, se esfumó en el aire y no surtió efectos concretos en el expediente.

Es por eso que las declaraciones del ex secretario parlamentario Pontaquarto a una semanario periodístico renovaron las esperanzas de los investigadores en cuanto a la posibilidad de que un "arrepentido" brindara información fidedigna en la causa.

"Parece que llegó el gran día", indicó un funcionario con acceso a la causa a la agencia Noticias Argentinas mientras se esperaba con ansiedad en los Tribunales de Retiro la llegada de Pontaquarto.

El escándalo de los sobornos arrasó con la carrera de Liporaci un magistrado que renunció a su cargo cuando se conoció que tenía un patrimonio demasiado abultado que no se condecía con sus ingresos y precipitó la salida del ex vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez que renunció al cargo ante la falta de apoyo del Gobierno de avanzar en la investigación.

La contracara de las revelaciones que el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto realizó sobre el pago de coimas en el Senado en abril del año 2000, es la declaración que hace tres años brindó a la Justicia cuando negó "absolutamente" haber conocido ese hecho. El 6 de noviembre de 2000 Pontaquarto arribó a los Tribunales Federales de Retiro para responder ante el entonces juez Carlos Liporaci qué tenía conocimiento del supuesto pago de coimas a un grupo de senadores para impulsar la sanción de la Ley de Reforma Laboral en la Cámara Alta en abril de ese año.

En ese momento al sentarse ante el magistrado, el ex secretario parlamentario negó "absolutamente" haber sido el encargado de distribuir las coimas entre los senadores, pese a que, tres años después admitió en una entrevista periodística haber sido el que se encargó de retirar los maletines con dinero proveniente de la SIDE.

Durante el año 2000 Pontaquarto fue indagado durante varias horas por Liporaci, oportunidad en la desmintió el contenido de una "anónimo" distribuido en el Senado donde se lo acusó de haber sido quien distribuyó el dinero y que fue el puntapié del escándalo que conmovió el Gobierno de la Alianza.

"Todo lo que dice el anónimo es una mentira", enfatizó el ex secretario quien rechazó "absolutamente todos los cargos" en su contra.

La ley cuestionada por los sobornos en el Senado extendió el período de prueba para los empleados sin contrato, eliminó la ultraactividad de los convenios colectivos, rebajó a la mitad las cargas patronales y fragmentó las negociaciones con las empresas, entre otras modificaciones que introdujo a la legislación vigente hasta entonces.

Aunque para su aprobación en abril de 2000 el Senado realizó varios cambios al texto original enviado por el Ejecutivo, se mantuvo intacto el espíritu de la norma, que reclamaban desde inicios del gobierno de la Alianza tanto las principales entidades empresarias como los organismos multilaterales de crédito.

El período de prueba, que tenía un máximo de un mes antes de la Reforma, fue extendido a tres meses con posibilidad de prorrogarlo hasta un año, pese a que el proyecto original establecía un plazo de seis meses.

En su artículo segundo, la ley dictaminó además la rebaja de las cargas patronales para los empresarios que contrataran nuevo personal, a dos tercios del valor anterior si se tratara de empleados jóvenes, y a la mitad si los incorporados fueran mayores de 45 años o mujeres.

La ultraactividad de los convenios colectivos -su prórroga una vez vencidos- también cayó con la norma del 2000, y se fijó un plazo de dos años para la firma de nuevos convenios, aunque la aplicación de la ley en este punto no fue tajante.

"Esto no tuvo efecto sobre los convenios viejos pero sí sobre los nuevos, que para ser ultraactivos tenían que aclararlo. Por eso en muchos casos hubo que ceder en otras cuestiones para garantizar la ultraactividad", explicó el abogado laboralista Héctor Recalde, asesor de la CGT disidente y autor de un libro sobre la ley cuestionada.

En cuanto a las negociaciones salariales, que hasta la norma se realizaban sólo a nivel nacional entre los gremios y las cámaras empresarias o grandes firmas, se estableció su "descentralización", que hizo primar a los acuerdos por compañía o regionales por sobre los nacionales.

En un documento que elaboró la consultora Exante para defender la ley, el economista Aldo Abram sostiene que "de esta forma, se devuelve el derecho a negociar a los empleados, que hoy usurpan los sindicalistas para acumular poder político y económico".

Pero la ley también hizo prevalecer "el peor o menor convenio por sobre el mejor o mayor", según explicó Recalde, y eliminó la figura del "derecho adquirido", que prohibía empeorar las condiciones de contratación entre un convenio y el siguiente.

Tanto el gobierno aliancista como los empresarios que defendían el proyecto sostenían que la crisis hacía necesario flexibilizar las condiciones de contratación, que permitiría -a su juicio- que despeguen los índices de empleo.

No obstante, la desocupación trepó del 14,7 por ciento que midió en octubre de 2000 al 16,4 por ciento de mayo de 2001, para llegar luego al 18,3 por ciento de octubre de ese año, y más tarde al pico de 21,5 por ciento en mayo de 2002.