En el marco del VXII encuentro de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA), la ministra Carmen Argibay que explicó “que la sociedad argentina está lista para debatir sobre abortos a conciencia, de hacer un debate serio y claro. No de llevarlo a la televisión para que se lo banalice”. Luego agregó que “en el caso de que el embarazo fuera producto de un abuso sexual o una violación sobre una persona demente, el Código Penal está haciendo una distinción entre abuso sexual y violación. Por eso, yo entiendo que en el caso de la violación va para todas las mujeres, porque es un embarazo no querido. La mujer no tiene porque soportar las consecuencias de un acto violento sobre su cuerpo”.

“¿Cómo no estar de acuerdo con estas declaraciones, que celebro, cuando las estadísticas son tremendas?”, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Victoria Donda, quien apuntó que “según el Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina se realizan anualmente alrededor de 500 mil abortos clandestinos y 60 mil mujeres terminan internadas por padecer consecuencias de interrupciones del embarazo mal hechas. La ilegalidad del aborto da lugar a prácticas discriminatorias según la condición socioeconómica de la mujer y el acceso a la información que tenga; en cambio la legalización sacaría al aborto de la clandestinidad y terminaría el negocio de los consultorios privados montados para estas operaciones”.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya manifestó que la mortalidad materna por causas evitables es una violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas por parte de los Estados. En este sentido la diputada Cecilia Merchán presentó una solicitud de tratamiento conjunto para los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo, que insta a los presidentes de las comisiones a tratarlos. Sin embargo, ninguna de las comisiones los incorporó aún al temario, recordó Donda.

Por ultimo, la legisladora afirmó: “Por supuesto que estamos preparados para debatir este tema, como dice la jueza Argibay, pero fundamentalmente estamos urgidos de hacerlo, porque aprobar dicho proyecto en el congreso habilitaría un mecanismo eficaz para disminuir la alta tasa de mortalidad materna. Porque, como lo indica la Constitución Nacional, los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos”.