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Jueves 17 de abril de 2014
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Senadora quiere nuevas secretarías en el interior para agilizar causas previsionales
La iniciativa de ley de la legisladora del Peronismo Federal Sonia Escudero le da competencia a las Cámaras Federales de Apelaciones de varias provincias, entre ellas la de Salta, para evitar que los jubilados deban seguir sus litigios en Capital Federal.
22 de septiembre de 2011
La senadora del Peronismo Federal y presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Sonia Escudero, presentó un proyecto de ley para que se puedan crear nuevas secretarías en el interior para agilizar las causas previsionales, con el objetivo de darle competencia a las Cámaras Federales de Apelaciones de varias provincias, entre ellas la de Salta, para evitar que los jubilados deban seguir sus litigios en Capital Federal, y así aliviar el colapso de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Escudero explicó en un comunicado: “Las razones son de dos tipos. Por un lado, es de público y notorio conocimiento que la Cámara Federal de la Seguridad Social está colapsada por cuanto atiende no sólo los recursos contra las sentencias de los juzgados federales de la seguridad social, sino que también actúa como tribunal de alzada con relación a resoluciones de la AFIP, de la Administración Federal de la Seguridad Social, y de la Administración Nacional de la Seguridad Social , además de las sentencias de los juzgados federales ubicados en las provincias en materias, tales como riesgos del trabajo”.

La legisladora salteña aseguró que “resulta dificultoso para quienes viven en a lo largo y ancho del país, que han iniciado un proceso judicial, continuar el mismo ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires”, ya que, “sin duda, genera molestias, dificultades y mayores costos para quienes quieren acceder a la administración de justicia”.

Para Escudero, “no se advierte cuál es el sentido de esta centralización judicial, máxime cuando provoca las dilaciones y retardos de justicia motivados por el colapso de la Cámara de la Seguridad Social, y por otro, crea dificultades en el acceso a la justicia y mayores costos a los demandantes”.